POR ODALIS MEJIA
El secretario de Medio Ambiente  y Recursos Naturales, Max Puig,  denunció ayer que un grupo de legisladores de diferentes partidos políticos está urdiendo un plan para modificar la ley de Áreas   Protegidas (202-04) con el propósito de poner en manos particulares patrimonio nacional que abarca cerca del 27% de todo el territorio nacional.

En cuanto a los múltiples casos de tala indiscriminada de árboles en todo el país, Puig dijo que en algunos casos se trata de cortes legales, amparados en criterios técnicos y en  planes de manejo de bosques, por lo que muchas  denuncias obedecen a desconocimiento.  No obstante reconoció que hay delito ambiental.

Dijo que “las áreas protegidas están bajo amenaza porque hay intereses que no cesan en su empeño de tratar de apoderarse de esas áreas”. Fue entonces cuando dijo  que hay legisladores que están elaborando un plan para modificar la Ley de Áreas Protegidas.

 En rueda de prensa junto a seis subsecretarios de la institución, Puig advirtió que si los legisladores insisten en su empeño por reducir las áreas protegidas, serán denunciados ante la nación para que sea “el pueblo dominicano que les tome en cuenta”

Puig rehusó dar nombres de los legisladores que estarían al frente del plan y garantizó que el equipo que dirige la Secretaría de Medio Ambiente estará en la   primera línea en la defensa de las áreas protegidas.

Atribuyó el caso de Higüey,  donde un tribunal autorizó un deslinde de 35 millones de metros en un área protegida, a parte de una trama de sectores que no aceptan que las áreas protegidas sean patrimonio de la nación. Dijo además que ese caso se encuentra en apelación porque se trató de un error del juez, ya que es ilegal deslindar en  las unidades  en conservación.

TALA

Puig aseguró que no ha habido deterioro de la cobertura boscosa del país y que, al contrario de la tendencia mundial de que se reduzcan los bosques, la República Dominicana ha aumentado de 25 a 30% su capa boscosa,  se mantienen los promedios de plantación de árboles y se han mejorado los criterios de siembra.

Atribuyó las denuncias a la falta de conocimiento de personas que no están acostumbradas a ver madera cortada para la comercialización. Señaló que en el país existen 447 planes de manejo y 7,408 fincas forestales que  han plantado 41.5 millones de árboles para  luego ser cortados y vendidos bajo supervisión técnica. Agregó que  el raleo es necesario en ocasiones para fortalecer los bosques ante los fenómenos naturales.

Expresó que los casos de las últimas semanas obedecen a situaciones distintas. Citó el caso de Imbert Puerto Plata, donde se extrajeron 10,000 pies con el pretexto de crear un camino para lo cual no se cumplieron los requisitos de ley. Informó que los responsables están manos de la Procuraduría de Medio Ambiente.

En relación con las denuncias de deforestación de la Cordillera Central dijo que ha pedido al síndico de Constanza que identifique las zonas que han sido desvastadas, lo cual él no ha hecho. Apuntó que esa área  se cuida de manera especial a través del Programa de Recuperación de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte (PROCARYN).

Informó que en la actualidad en la Cordillera Central se trabaja en cinco planes de manejo de bosques para los parques Armando Bermúdez, Valle Nuevo, Nalga de  Maco, José del Carmen Ramírez y  la Reserva de Ébano Verde.

En Bayaguana dijo que se trató de una invasión de parte de campesinos para la siembra de algunos rubros, al indicar que luego de una alianza con organizaciones  Medio Ambiente extendió,  mediante resolución, el área protegida. Mientras que al referirse a la denuncia de tala de miles de pies de madera en San Juan de la Maguana, afirmó sólo se trató de 81 pies.

En Montecristi, explicó,  la  denuncia de tala involucra a dos funcionarios de Medio Ambiente que se contraacusan, por lo que existe una investigación abierta. Mientras que en cuanto  a la Loma de Novillero, calificó de incorrecta la información de cortes ilegales, ya que se trata algo regular. 

Detalló que para la protección de las áreas protegidas,  86 en total,  se crean planes de manejo y  se autorizan el corte de determinados árboles. Dichos programas, apuntó, son diferentes a los de los bosques.

Citó que de 71 planes de manejo en la Cordillera Central,  17 han sido certificados por buen comportamiento forestal, siendo los primeros del Caribe en ser reconocidos.

ARENA A MIAMI

Al ser preguntado sobre una información aparecida en un diario de Miami, de que la República Dominicana exportaría arena a las playas de ese estado, Puig dijo: “que nadie pierda el sueño,  las autoridades ambientales de la República Dominicana no van a autorizar  bajo ningún concepto que se exporte arena para regenerar una playa extranjera, por lo que el caso no tiene trascendencia”.