El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico, Moisés Ferrer, reveló hoy que la aplicación de la Ley General de Electricidad ha generado decenas de millones de pesos a las empresas distribuidoras de energía, tras comprobar la sustracción del servicio de parte usuarios inescrupulosos.

Según el funcionario, su despacho ha logrado que el fraude eléctrico cada vez disminuya, por la drasticidad de la Ley 125-01 modificada, con lo que se asegura un mejor servicio a los usuarios que cumplen con su obligación de pagar la energía que consumen.

Entrevistado en el programa Diario de la Mañana, Ferrer dijo que aunque la legislación establece penas que pueden alcanzar hasta los 10 años  de prisión,  si se atentado contra la seguridad del sistema eléctrico. También contempla la conciliación entre las partes así como multas e indemnizaciones.

“A través de negociaciones, hemos logrado acuerdos entre las partes de hasta siete millones, como compensación al consumo de electricidad de manera fraudulenta, tanto en viviendas individuales, condominios y/o plazas comerciales”, refirió el funcionario.

El Magistrado Ferrer indicó que según la Ley de Electricidad, la sustracción de energía o causar daños a instalaciones productoras de energía constituye un atentado contra la seguridad energética y los encontrados culpables son sancionados con la pena correspondiente.

Expresó que paradójicamente, los más pudientes son los que incurren con mayor frecuencia en la comisión de robo del servicio, según se ha demostrado a través de los sometimientos que su unidad ha instrumentado.

Citó el caso de un empresario al que no identificó, que tenía conexiones ilícitas con un consumo fraudulento  de electricidad con el cual se podía  brindar energía a unas 300 familias.

Entre las variedades de fraudes que a diario son detectados, Ferrer citó la desconexión “del potencial numero dos”, lo que impide que el medidor registre la cantidad de energía consumida.

El Magistrado Ferrer expresó que entre sus facultades están las de levantar  acta de fraude eléctrico en materia penal de conformidad con lo dispuesto en la ley  General de electricidad 125-01 modificada, en la cual se consigna la violación en que incurre el acusado, con la presencia de testigos independientes de la empresa distribuidora afectada, lo que es presentado a la justicia para su procesamiento. 

Ferrer resaltó que cuando se comprueba la comisión de un delito, al acusado se le abre una ficha en la Procuraduría General de la República y se archiva su nombre por robo. Y enfatizó en que el combate contra el fraude eléctrico no se detendrá.