POR GERMAN MARTE
Los problemas de la corrupción en el país están vinculados a la falta de instituciones fuertes, al clientelismo, a la debilidad en la aplicación de las leyes, al patrimonialismo, a los ineficientes controles y a la débil participación de la ciudadanía en el mundo de lo público, afirmó el sociólogo Ramón Tejada Holguín.

A su juicio,  combatir este flagelo compete a toda la sociedad, no a determinadas personas u organizaciones aisladas.

Especial participación en la lucha contra la corrupción deben tener los más perjudicados por el acto de corrupción: los pobres y sus organizaciones, manifestó el sociólogo al participar el jueves en el panel “Rol de la Sociedad Civil en la Lucha Contra la Corrupción”, a propósito de los diez años de la creación del Departamento de Prevención contra la Corrupción.

Manifestó que la corrupción que comete un funcionario de baja categoría es insignificante comparado con las comisiones y los préstamos y las compras estatales.

 TRES QUE PARTICIPAN

En todo acto corrupto, según Tejada Holguín, casi siempre intervienen al menos tres actores de importancia: un funcionario público; el corruptor, que generalmente se ubica dentro de la sociedad civil, particularmente entre los sectores empresariales u organizaciones que buscan beneficios particulares, y la ciudadanía, que es la que finalmente sale afectada por el acto corrupto.

Sostuvo que desde la sociedad civil muchas organizaciones y ciudadanos demandan que los jueces den condenas ejemplares, y piden a la Dirección de Persecución de la Corrupción (DPCA) que someta nuevos casos, “que nos diga en qué está la investigación del caso SOMO de la Junta Centra Electoral, que nos informes cómo va la situación de Refidomsa.

“Que se siga con el PEME”, añadió, “que los fraudes bancarios no queden impune, que indague de donde han sacado tanto dinero algunos funcionarios públicos, que expliquen ese crecimiento vertiginoso de las riquezas. Que nos digan cómo puede ser que personas que tienen más de cien millones estén trabajando en el Estado por 70 u 80 mil pesos mensuales. ¿Altruismo absoluto?”

La sociedad civil exige sanción, para los corruptos del gobierno, pero tampoco existe sanción para los corruptos del sector privado, afirmó.

 A su juicio, los ciudadanos honestos no deben aceptar comer en la misma mesa que personas cuya trayectoria corrupta son conocidas.

  Las organizaciones de la sociedad civil, insistió, no deben limitarse a hacer “turismo anticorrupción”, de congreso en congreso y convención en convención, mientras la corrupción gana terreno.

Tejada Holguín deploró que mientras se firman  acuerdos para enfrentar el problema, el país se vea sacudido por casos alarmantes de corrupción, sin que desde las más altas instancias gubernamentales se produzca una reacción contundente, que muestre el indudable distanciamiento de este tipo de prácticas.

Hablando ante José Joaquín Bidó Medina, el procurador Radhamés Jiménez y Octavio Líster, Tejada Holguín sostuvo que el rol de la sociedad civil es reclamar que la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción sea más proactiva, y que no calle cuando se dan a conocer las escandalosas fortunas de funcionarios públicos, “que no se quede callada cuando se hace evidente que hay secretarios de estado que viven en un conflicto de interés permanente,  porque son empresarios en el mismo ramo que sus secretarías debe regular o supervisar”.