El director de Inversión Pública reveló este lunes que esa dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) ahorró a los contribuyentes US$121 millones al aplicar el reglamento de Normas y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública a tres proyectos de inversión, analizados varios meses antes de que autorizara su ejecución.

Miguel Hernández identificó que uno de los tres proyectos está dirigido al ámbito de la seguridad, otro en materia de catastro y el tercero a educación, informó  a través de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.

El funcionario, entrevistado en Uno + Uno, por Teleantillas, hizo la revelación para resaltar la importancia de los sistemas nacionales de inversión pública y la creación de capacidades en esa materia en el país, que careció mucho tiempo de planificación sectorial.

Explicó que en el pasado el presupuesto era manejado de manera discrecional por la Presidencia de la República, que disponía de la mayor parte de los fondos, correlación que aseguró ha cambiado.

“Ahora, los ministros, que son los ordenadores de pago, son quienes tienen la responsabilidad de ejecutar sus presupuestos, lo que da sentido a que haya planes estratégicos seguidos de planes operativos”, explicó.

Aseguró que el ahorro es sólo uno de los resultados de formar técnicos y funcionarios de instituciones estatales en planificación estratégica y operativa, tarea que lleva a cabo Inversión Pública, para satisfacer de manera adecuada demandas nacionales.

Recordó que inversión pública son las acciones presupuestarias estatales dirigidas a elevar las capacidades del país en  capital fijo o en infraestructura y energía, en capital humano, y en la creación de conocimientos, al demostrarse que invertir en ellos genera crecimiento.

Consideró un reto para la sociedad dominicana que el país esté ubicado entre los de América Latina que destinan menos recursos a la inversión pública, un 10% del presupuesto nacional, unos RD$60 mil millones, sin incluir los fondos transferidos por ley a los municipios.

En ese sentido, citó un estudio reciente del Banco Mundial según el cual unos sesenta millones de personas escaparon de la pobreza en diez años en 27 países del este de Europa y de Asia que destinaron a inversión pública alrededor de un 45% del gasto estatal.

Citó también otro estudio, éste del Fondo Monetario Internacional, según el cual lel gasto en inversión pública es, en la generación de niveles de desarrollo, un factor muy importante debido a que genera crecimiento, por lo que se recomienda aumentar el stock de capital, sea mediante recursos nacionales o financiamiento externo, pero destinarlo a inversiones con rentabilidad y promotoras de desarrollo.

Recordó que la función de la Dirección General de Inversión Pública es verificar la calidad de los proyectos antes de que sean consignados en el presupuesto, pues aún cuando es importante la transparencia que se exige en el proceso de adquisiciones, lo es más todavía que sean formulados de manera adecuada.

Sobre quién decide la prioridad de las inversiones, respondió que en un sistema democrático la prioridad está vinculada a planes, por lo que el sistema de inversión pública se conecta con otras herramientas como la presentación de resultados a la ciudadanía.

Citó como ejemplo la consensuada Estrategia Nacional de Desarrollo que establece los grandes objetivos nacionales para los próximos veinte años y que el presidente Leonel Fernández sometió al Congreso Nacional el 27 de febrero pasado.

Hernández también respondió preguntas sobre la relación entre la inversión pública y la cooperación internacional, tema por el que reveló que el embajador de los Estados Unidos se interesó, en un encuentro con funcionarios del Ministerio.

En la ocasión, dijo que se le respondió al diplomático recordándole lo pactado en la Conferencia de París de 2005 entre los países receptores de financiamiento y las naciones y los organismos multilaterales emisores de préstamos.

En esa conferencia las partes suscribieron el compromiso los donantes apoyar y a alinear sus intereses a los de los gobiernos y a los de las sociedades civiles y organizaciones públicas de los países receptores, así como a crear capacidades.

De ahí que el gobierno dominicano creara, en cumplimiento con su parte, los mecanismos y sistemas para que los donantes puedan alinear sus prioridades a las de la República Dominicana que recibe financiamiento.

“Lo que pasaba hace algunos años era que los (organismos) multilaterales evaluaban las capacidades institucionales nacionales, la mayoría eran muy débiles, creaban una unidad ejecutora paralela, le pagaban bien a esa gente, y elaboraban los proyectos a través de esas unidades paralelas” que, dijo, en el país están prácticamente alineadas con los ministerios sectoriales y sus unidades ejecutoras dentro de la institucionalidad, a fin de evitar competencia y debilitamiento institucional.

Hernández comentó que es reciente en América Latina la necesidad de canalizar la inversión de manera adecuada, para que los proyectos respondan a planes, por lo que se ha formado en Panamá la Red Latinoamericana y del Caribe de Sistemas Nacionales de Inversión Pública, que comenzó con 18 países de la región.

De lo que se trata, explicó, es que haya correlato entre las leyes de inversión pública y las constituciones nacionales, de manera que ningún proyecto que no haya sido visto por el departamento nacional de planificación pueda estar en presupuesto.

El Ministerio de Economía preside el conjunto de la Red y el lanzamiento oficial de la misma será el próximo día trece en un seminario en el hotel V Centenario, donde se discutirán los sistemas nacionales de inversión pública y como contribuyen a políticas de desarrollo efectivas.