POR LEONORA RAMÍREZ S.
En la actual coyuntura, el Código Procesal Penal es infuncional porque no se adapta a la cultura dominicana, consideró el abogado Ramón Antonio Veras, quien resaltó, sin embargo, que es ideal para los delincuentes.

Veras se expresó en esos términos, al analizar las causas de la delincuencia en el país, y sobre todo, en Santiago, donde en los últimos dos años alrededor de 50 personas han sido ejecutadas por su vinculación con el narcotráfico, según revelaciones de Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República.

Durante su participación en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Veras  refirió, además, que la nueva reforma procesal, es una imposición  extranjera que, “ha sido traída por los cabellos y en la presente coyuntura, es ideal para los delincuentes».

Asimismo, expresó que el Estado no cuenta con recursos económicos ni humanos para aplicarlos eficientemente.

Sostuvo que se requiere de material humano y de amplios recursos económicos, para desarrollar cada medida cautelar que señala el Código.

«Hoy no me abraza la frustración, pero trato de ser realista. El país vive momentos sumamente difíciles para enfrentar la delincuencia», expresó.

El Código Procesal Penal está vigente desde el pasado 27 de septiembre del 2004 y lo elaboró la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.  Sustituye al Código Napoleónico de 1808.

Según sus auspiciadores, esta pieza favorece la simplificación de los procedimientos y la solución anticipada de los casos de mínima lesividad o bagatela, en los cuales se puedan armonizar los poderes en conflicto de un modo sencillo, reservando para el juicio, los más graves.

«El Código Procesal Penal aspira a brindar a los jueces, fiscales, abogados, víctimas, imputados y policías, la oportunidad de ver realizadas sus respectivas funciones, no a partir de los defectos y carencias del sistema, sino a través de sus virtudes», dijo el jurisconsulto.

Desde su puesta en vigencia, este Código ha generado una serie de controversias porque, según alegan algunos juristas, se privilegian los derechos de los delincuentes y no los de las víctimas.

Algunos abogados critican los jueces que han favorecido con libertad a transgresores de la Ley, y el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, fijó su posición en ese contexto, al advertir que hay que ser cuidadoso con el «hipergarantismo».