POR LEONORA RAMÍREZ S.
Las Oficialías de Estado Civil funcionan de espaldas a la Ley 892 que, al pasar su jurisdicción a la Junta Central Electoral (JCE), establece que los oficiales de esas instancias deben percibir salarios consignados por el Estado, y expedir gratuitamente actas de nacimiento y de defunción, según el jurista Julio César Castaños.

Según el artículo 18 de la citada legislación, la JCE debía, en un plazo de 90 días a partir de la promulgación de la misma (en 1992), elaborar los reglamentos para su cabal cumplimiento, “pero estos nunca se hicieron”.

La pieza incluye el perfil de los oficiales de Estado Civil, quienes no deberían pertenecer a partidos políticos y tener una honestidad incuestionable.

“En el artículo 8 de esa Ley se plantea que la JCE instituirá, para los citados funcionarios, un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que perciben y fijándoles a éstos sueldos del Estado”, expresó.

Castaños, quien fue juez de la JCE, explicó que el citado artículo es contradictorio en lo concerniente al sistema tributario, porque la capacidad de crear impuestos es del Congreso, y las atribuciones de un poder del Estado no se le pueden delegar a otro.

“Pero eso no es obstáculo para que le demos una excusa a que durante 13 años este régimen de los oficiales de Estado Civil, devengando tasas directamente por la expedición de actas de nacimiento, no haya cambiado”.

De acuerdo con la Ley 892 las declaraciones de nacimiento, reconocimiento y defunción se darán gratuitamente, como tambien los extractos de actas de nacimiento con fines escolares, así como la obtención y renovación de las cédulas de identidad y electoral”.

En las Oficialías de Estado Civil se cobra RD$80.0 por una acta de nacimiento, si es certificada o inextensa RD$180.0, y en el mercado informal, es decir, si el usuario accede a la propuesta de un “buscón” que le promete ahorrar la incomodidad de las interminables filas, por ese documento se paga hasta RD$500.

Estas dependencias están en la mira de la opinión pública, ante la denuncia de las irregularidades en la expedición de documentos que se registra en algunas, y más aún por el sometimiento a la justicia de varios regidores que, en complicidad con oficiales de Estado Civil, habrían procesado documentos falsos para supuestamente traficar con personas.

De coletilla, se cuestiona que los encargados de las citadas dependencias sean designados, supuestamente, por su vinculación con jueces de la JCE.

UNA LEY QUE DEBE REVISARSE

La Ley 892 se aprobó en 1992 a raíz del conflicto electoral surgido por el alegado fraude que se cometió en 1990 en perjuicio del profesor Juan Bosch, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien era el principal contendor del entonces presidente Joaquín Balaguer, postulado por el Partido Reformista Social Cristiano.

Esa legislación puso bajo la dependencia de la JCE a la Dirección de la Cédula y la Oficina Central del Estado Civil, explicó Castaños al destacar que, ante las situaciones negativas que giran en torno a las Oficialías de Estado Civil hay que comenzar a aplicar la Ley, pero también reformarla porque ésta no ha sido una prioridad para la JCE.

“Hay que fortalecer las estructuras, fijarle sueldo a los oficiales civiles, crear sistemas de tasas y que vayan al Estado, y reforzar a la Oficina Central del Estado Civil como supervisora de las Oficialías, y asimismo darle al director de esta una jerarquía que le permita ejercer con todo rigor esa función.

“Habría que analizar si la JCE, en el contexto de una reforma, concentrando tanto poder al manejar la Oficina de Estado Civil, la expedición de cédulas, los asuntos electorales, si puede supervisar todo eso, si no estaría concentrando demasiado poder y por eso se les van las bolas por debajo de la mesa”.

FINJUS QUIERE MAS INSPECCION

Servio Tulio Castaños Guzmán, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), manifestó que las Oficialías de Estado Civil deben tener una mayor supervisión e institucionalidad, porque representan un área vital para la sociedad dominicana.

En ese sentido, dijo que hay que investigar la falta de inspección de parte de la JCE, entidad de que debe ser más activa en esos asuntos.

“Pero también hay que revisar la discrecionalidad con que los oficiales se manejan, porque esa situación ha provocado el debilitamiento de esas entidad que, dicho sea de paso, deben ser sometidas a auditorias permanentes.

“Esa falta de supervisión ha generado la construcción de redes de traficantes de personas, lo cual investiga el fiscal del Distrito Nacional, y la implicación de regidores en la falsificación de documentos”.

Para Castaños Guzmán las irregularidades que se comenten en algunas oficialías demuestran que el sistema es deficiente, porque además hay más de un millón de dominicanos que no ha sido declarado y en consecuencia no puede gozar de sus derechos.

Y en ese contexto destacó que hay un rechazo de los actores del sistema a que se eficientice el servicio, mediante la automatización, “porque es preferible el caos que permite el negocio lucrativo”.