POR RADHAMÉS GONZÁLEZ
El secretario de Interior y Policía, Franklyn Almeyda Rancier, afirmó que en los días finales del pasado gobierno se traspasaron mediante decreto equipos y maquinarias a los ayuntamientos bajo control del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en perjuicio de la secretaría de Obras Públicas y las gobernaciones provinciales.

Almeyda expresó que se comunicó con el secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez Gómez, y que éste le confirmó que está gestionando la recuperación de los equipos que entiende le pertenecen.

Igualmente dijo que se comunicó con el procurador general Francisco Domínguez Brito y que el funcionario le informó que no tenía nada que ver con la incautación de equipos a los ayuntamientos de San Cristóbal, Yaguate, Cambita y otros.

Explicó Almeyda Rancier que posteriormente se comunicaron él y el Secretario de Obras Públicas con el secretario de la Liga Municipal Dominicana (LMD) Amable Aristy Castro y con Fausto Ruiz, síndico de La Vega y presidente de la Federación Dominicana de Síndicos, para exponerle la situación.

Almeyda Rancier, quien es presidente ex oficio de la LMD y  dirigente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que se concentra en hacer más eficientes los servicios que ofrece la cartera a su cargo, pero que si se descubren anomalías, no vacilará en ponerlas en manos del Ministerio Público.

Almeyda Rancier expresó que investiga cómo llegaron los equipos incautados a las gobernaciones provinciales y a los ayuntamientos, y que será partir de ahí cuando tendrá un juicio más cabal de la situación.

Dijo tanto la LMD como la Federación Dominicana de Síndicos, tratarán de determinar cuál es el origen y cuál es la situación que ha dado lugar a la incautación de equipos y que a partir de ahí, se podrán tomar decisiones concluyentes.

Manifestó que desconoce para qué compró la pasada administración los equipos puestos en manos de los ayuntamientos y de las gobernaciones.

El secretario de Interior y Policía dijo que desconoce para qué se compraron los equipos ni de dónde procedieron los recursos.

En el 2002 el Congreso Nacional ratificó un préstamo por US$20 millones para la adquisición de equipos para los ayuntamientos y las gobernaciones provinciales.

Almeyda Rancier dijo que hay que revisar esos acuerdos que se hicieron al final de la pasada gestión.

«No puedo decir ahora de qué forma y de qué manera podemos tomar una decisión, ni en qué sentido porque primero, necesito ver toda la documentación de origen», advirtió.