Hoy 
POR MANUEL JIMÉNEZ
El secretario de Economía, Temístocles Montás, dijo ayer que las políticas inadecuadas, y hasta cierto punto la desconfianza de la población en los gobiernos, han sido causas determinantes para que cada vez un número significativo de ciudadanos de países como la República Dominicana se incorporen al mercado laboral informal.
La informalidad es una voz de alerta, advirtió Montás en el acto donde el Banco Mundial ofreció los resultados de un estudio que revela que en el país el 54% de los trabajadores del área urbana pertenece a ese mercado laboral informal
El estudio, que abarca igualmente a toda América Latina, fue realizado, en el caso de República Dominicana, con la participación de técnicos de la Secretaria de Economía, Planificación y Desarrollo y del Banco Central, explicó Montás.
En el acto, celebrado en uno de los salones del auditorio del Banco Central, Montás dijo que el informe es una buena herramienta de trabajo para el diseño de políticas públicas que ayuden a crear una sociedad más equitativa, justa e inclusiva.
Pero advirtió que el problema no podrá erradicarse mientras América Latina siga siendo no solo la región más desigual del planeta, sino, además, una de las regiones donde el crecimiento muestra mayor volatilidad a lo largo de los años.
La imposibilidad de asegurar crecimiento sostenido en el tiempo, en gran medida es uno de los factores determinantes de esta situación, comentó el funcionario.
El estudio revela que ese 54 por ciento de dominicanos que labora en el mercado informal carece de contrato de trabajo y, por ende, no tiene acceso a los beneficios de la legislación laboral y, además, que el 65 por ciento, incluyendo trabajadores formales, no están cotizando al sistema de Seguridad Social y casi la mitad trabaja en establecimientos pequeños o por cuenta propia en ocupaciones de baja calificación.
Montás consideró importante llamar la atención sobre el hecho de que el sector informal ha puesto de manifiesto la precariedad del mercado laboral en estos países y constituye un serio obstáculo para la puesta en práctica de una política de cohesión social.
