Hoy 
El Seibo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en esta provincia, precisó hoy que las autoridades carcelarias no están ajenas a la prostitución y corrupción que impera en la cárcel pública de esta provincia, donde fue denunciado que una menor fue drogada y violada por un recluso.
«A todas luces la tolerancia le reporta beneficios compartidos», expone la entidad en el documento, al indicar que las autoridades conocen de esta situación.
Denuncia que reclusos pagan por usar televisor y celulares. Denunció que «No se trata solo de la vulgaridad y depravamiento ocurrido recientemente al ser violada una menor de edad en la cárcel pública de esa ciudad, sino que los internos que tienen teléfonos celulares y televisores deben pagar un peaje de 50 y 150 pesos, respectivamente.
En un documento público, la entidad precisó que en en el lugar, el microtráfico luce ser un negocio normal, por lo que exigió a la Procuraduría General de la República, desmantelar la alegada «estructura mafiosa» existente en la cárcel, la que calificó como tierra de nadie.
«En la cárcel existe un gran negocio, donde solo se lucran los que tienen el control de la misma», dijo, al declarar que en el recinto el dinero manda.
Corrupción. El CNDH sostiene que el recinto, perteneciente al viejo modelo penitenciario, se puede catalogar como un antro de corrupción, situación de la que las autoridades sacan su partida.
Demasiados presos en el recinto. La cárcel del Seibo fue diseñada para albergar 300 personas y en la actualidad tiene 781 personas guardando prisión, unido a la gran promiscuidad existente ante la carencia de instalaciones sanitarias adecuadas y problemas de desagües de aguas negras.
El documento está firmado por José Guzmán, presidente del organismo de Derechos Humanos en El Seibo, quien reiteró que hay que intervenir el recinto penitenciario, para sanearlo de la corrupción y microtráfico y enviar a sus casas a muchos internos con enfermedades terminales.
La denuncia de la CNDH se hace en momentos que se está cuestionando la seguridad del penal, al permitir a una menor de 16 años entrar al recinto y ser violada y drogada por un preso.
