POR EVARISTO RUBENS
El superintendente de Electricidad consideró que el Programa de Reducción de Apagones (PRA), que alegadamente le cuesta US$80.0 millones anuales al gobierno, es una aberración económica fuera de lógica. De acuerdo al licenciado Francisco Méndez, ello se debe a que el PRA no es más que un subsidio generalizado a poblaciones determinadas con un criterio clientelista para no perder simpatía popular.

Méndez expresó que el PRA incluyó 18 horas de luz al día, el 75% de lo cual lo cubre la Corporación de Empresas Estatales (CDEEE) y el 25% las tres empresas distribuidoras.

Indicó que ahora las empresas distribuidoras que estaban sujetas a cobrar el servicio de energía a esos sectores para hacer una labor eficiente, ven esa situación como una solución a su favor.

Explicó que al iniciarse ese programa eran unos 35 millones de kilovatios anuales, luego se disparó a 100 millones y que finalmente ha continuado en crecimiento.

Expresó que esa era una señal de ineficiencia económica que incentivaba el trasvase, como por ejemplo en los alrededores de algunos de los barrios pobres como en Los Alcarrizos,  donde no se pagaba la luz y recibían de 18 a 20 horas de energía al día.

 Ahí  vivían o se mudaron personas de una categoría superior que tampoco pagaban ese servicio, añadió el superintendente de Electricidad.  

Ahora ese problema le cuesta US$80.0 millones al año al gobierno, añadió el funcionario al participar como invitado en el encuentro económico de Hoy.

Recordó que esas son parte de los errores que se cometieron en el área de distribución del sector eléctrico. 

Indicó que para corregir ese problema hay unos estudios de cómo se va a desmontar el subsidio, en los que se harán inversiones y se irán segregando, porque que se ha creado una cultura de la indigencia.

Precisó que dentro de los barrios incluidos en el PRA, hay sectores de alto consumo que están siendo detectados por las empresas distribuidoras y una división que tiene la CDEEE.

Manifestó que para corregir ese problema, hay que hacer un plan con inversiones, en lo que dijo están ahora las autoridades.

Agregó que el Programa de Electrificación Rural se va a modificar para hacer parte de esas inversiones en las zonas semi-urbanas, donde funciona el PRA, para sacar a los consumidores de alto consumo y ponerlos a pagar.

Dijo que si no se mantiene la estabilidad financiera de la industria eléctrica, sería una cobertura ficticia, “y al final del día los usuarios estamos pagando sobretributación y el subsidio cruzado que existe en la tarifa de lo que pagamos por encima de los costos de producción”.

Señaló que los barrios pobres que están dentro del PRA tienen una cuota mínima asignada, cuyas pérdidas superan el 50%.

Méndez consideró que el PRA debe ser un subsidio focalizado para determinadas personas dotadas con el sistema de tarjetas.

Dijo que en varias ocasiones ha escuchado la pregunta de qué hace la Superintendencia de Electricidad para regular que la industria eléctrica funcione de la manera en que estaba previsto, pero añadió que lo lamentable es que esa industria no existía en el país como se diseñó originalmente.

“En esa realidad de cosas, nosotros hemos tenido que caminar sobre el filo de la navaja entre lo que es posible y lo que es factible de realizar, en cuanto a lo que habíamos escrito en el marco regulatorio”, dijo.