POR LLENNIS JIMÉNEZ
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Elena Brineman, declaró que si la República Dominicana quiere revisar el Tratado de Extradición con su país, que lo revise y rechazó que el acuerdo sólo se cumpla para las solicitudes que hace su país.

La funcionaria estadounidense se refirió en esos términos en repuesta al planteamiento formulado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, de que el Tratado de Extradición suscrito con los Estados Unidos debería ser revisado, para aclarar el límite de la pena que se le puede imponer a un recluso dominicano.

Una de las contradicciones legales en el pacto, se plantea en el hecho de que el Tratado de Extradición que fue sometido el 19 de junio del 1909 y firmado el dos de agosto de 1910 no establece los límites de las penas que se imponen a los imputados.

Ante la posición del consultor jurídico, Brineman indicó que el país debe revisar el Tratado de Extradición porque eso no es problema.

Asimismo, la directora de la USAID informó que en una semana llegarán al país los observadores electorales de las elecciones congresionales y municipales que enviará Estados Unidos al país, aunque no precisó la cantidad de delegados participantes. Manifestó que los observadores de la embajada norteamericana se unirán a la misión que organiza la OEA, entidad que agrupará a toda la comunidad internacional que actuarán en el proceso, igual como lo hicieron en el año 2004.

Manifestó que los observadores estarán hablando con la Junta Central Electoral (JCE), por ser el ente que guía todo. “Entonces, ellos seguros van a dar una explicación de cómo van a funcionar los observadores. Lo primero que hará la OEA cuando lleguen -los observadores- es contactar a la JCE”.

A la pregunta de periodistas, de que la JCE ha dicho que permitirá observación, no intromisión en el proceso, Brineman dijo: “ese es el trabajo de los observadores, observar”.

En otro aspecto, negó que la permanencia de militares estadounidense en Barahona, en la región Sur del país, se trate de una invasión, como denuncian algunos sectores.

Sonriente, manifestó: “eso sigue siendo una discusión. No hay nada ahí, pero siguen y siguen”.

Responsabilizó a los periodistas de apoyar las críticas con las constantes preguntas sobre el tema. Adujo que la preocupación no es verdad.

Brineman, quien participó en la “primera graduación de 69 mediadores”, capacitados en Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), al amparo de las principales legislaciones del país, insistía en su deseo de solo referirse al evento celebrado en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

“Yo no quiero hablar de eso”, puntualizó cuando se le mencionó lo del Tratado de Extradición. Yo quiero hablar del evento de hoy -de ayer-, que es sumamente importante”, significó.

Los 69 mediadores fueron capacitados en el Proyecto Justicia y Gobernabilidad, auspiciado por la USAID, en coordinación con el poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y, Participación Ciudadana.

“Es un placer para mí participar en la graduación de un grupo de dominicanas y dominicanos que se abren paso en un nuevo quehacer profesional: el de mediador”, expresó la directora de la USAID.

Brineman valoró la importancia que adquiere para la justicia nacional encontrar mecanismos como la RAC, debido a que la mediación aporta al ciudadano una mejor solución a su problema y ayuda a descongestionar las cortes dominicanas de los casos menos graves, permitiendo que el sistema judicial se concentre en los más complejos. “La USAID  se siente altamente complacida en poder patrocinar la capacitación y el entrenamiento de mediadores para los sectores justicia, académico-profesional y sociedad civil”.

Reconoció la participación en el diseño y el consenso del Plan Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos. Dijo esperar que las jornadas de capacitación contribuyan a la titánica labor para mejorar el acceso a la justicia.