El presidente de la Cámara Americana de Comercio, Jorge Iván Ramírez, llamó ayer al gobierno a que a más tardar el 15 de julio próximo someta una propuesta de reforma fiscal al Congreso y luego haga los esfuerzos necesarios para su aprobación en un corto plazo.

El dirigente empresarial dijo que con ese objetivo, la actual administración debe convocar un diálogo inmediato con los partidos políticos principales y con representantes de la sociedad civil.

Ramírez habló en esos términos en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, que tuvo como oradora a la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Elena Viyella de Paliza.

Ramírez, también presidente de Verizon Dominicana, afirmó que el pueblo dominicano espera y merece que quienes están al frente del Estado, enfrenten la actual crisis económica en forma responsable y disciplinada.

Opinó que la República Dominicana enfrenta actualmente la crisis económica más seria de su historia moderna, la cual requiere el apoyo colectivo para su solución.

«Estamos seriamente preocupados sobre la necesidad de que el país colectivamente enfrente la más seria crisis económica en su historia moderna», dijo.

Manifestó que todos los sectores que integran la sociedad civil, han acordado que restablecer el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI), es un prerequisito para sobrepasar la actual crisis.

«Como parte del acuerdo con el FMI, el gobierno acordó someter un paquete de reforma fiscal consensuado al Congreso, en el mes de julio. El hecho de que hemos concluido las elecciones, de ninguna manera exonera el Estado de honrar sus compromisos soberanos», dijo.

Manifestó que igual de importante es la necesidad de una estrategia coherente para enfrentar la crisis en el sector eléctrico y que no es una exageración decir que ese sector está en colapso.

«Es imposible esperar que el sector privado dominicano pueda competir bajo circunstancias, donde no sólo el precio de la electricidad es uno de los más altos en América Latina, sino también con extensos períodos de apagones. Y más importante aún, el pueblo no sólo merece, sino que demanda una solución justa», dijo.

Asimismo, exhortó al gobierno y a las autoridades judiciales, a que se acojan al imperio de la ley y que se cumpla a cabalidad con el castigo a los culpables del fraude bancario.

«Si no hay justicia, el país está condenado a sufrir otros fraudes similares en el futuro. La comunidad internacional espera que se cumpla a cabalidad con la ley y se apliquen los sistemas de consecuencias a que haya lugar». dijo.