POR SOILA PANIAGUA
Representantes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago abogaron por la modificación del Reglamento sobre Riesgos Sistémicos Bancario, porque es permisivo, no sanciona a los responsables de las quiebras de bancos y obliga a la población a asumir los errores financieros en que incurren los banqueros.

Oliverio Espaillat, hablando en nombre de esa entidad empresarial, también dijo que es preocupante que la ley de Riesgos Sistémicos que se aprobó, es permisiva con los bancos que incurren en manejos inadecuados y que si en el futuro se repiten corridas bancarias la población tendrá que pagar las pérdidas.

Dijo que el gobierno  y el Fondo Monetario Internacional, FMI, deben analizar esa situación.

“Yo entiendo que eso hay que modificarlo, porque hay que poner un tope. En Estados Unidos se garantiza hasta 100,000 dólares. Entonces si usted tiene 1,000 millones, usted corre el riesgo por la diferencia”, explicó Espaillat.

Afirmó que no se puede permitir que la población tenga que cubrir los errores financieros si dentro de unos años hay otra corrida bancaria como la ocurrida en el 2003.

Lamentó lo ocurrido con la quiebra de tres bancos en ese año, cuando se violaron disposiciones legales vigentes que indicaban que el Estado, o sea el pueblo, solo era garante hasta RD$500,000 en depósito.

“Entonces se violó eso y se les entregaron los depósitos a todo el mundo, independientemente de la cantidad. Entonces, ahora se modificó la Ley, pero no se puso tope, por lo que ahora es peor, porque ahora el Estado es garante por cantidades ilimitadas”, sostuvo.

Manifestó que el país no podrá aguantar que si en unos años hay otra corrida bancaria, se tenga que entregar a todos los depositantes sus recursos, sin importar la cantidad.

Agregó que eso tendría que pagarlo el pueblo con creces, con grandes sacrificios, como ocurre desde el año 2003, que hubo que firmar un acuerdo con el FMI  y subir la carga impositiva para poder cubrir el hoyo dejado por la corrida bancaria, la cual supera los US$2,000 millones.

“En ningún país desarrollado eso existe. Todo tendremos que trabajar para cubrir las quiebras de bancos. Mire que todavía tenemos RD$120,000 millones de deuda, un 15% del PIB que lo debe el Estado. Fíjese el gran problema financiero y monetario que aún tenemos. Entonces, esa ley hay que modificarla”, expresó Espaillat.

En otro orden, dijo que el Reglamento de Evaluación de Activos y Riesgos Sistémicos endurece el flujo de crédito, afectando a las pequeñas y medianas empresas, porque encarece sus costos y financiamientos. “Esas normas se hicieron procurando un fin bueno, en término de hacer la banca más sólida y evitar un próximo colapso. Se trató de hacer en un año lo que no se hizo en 20, entonces la gradualidad debe funcionar”, opinó.

Planteó que en una reunión con el FMI se planteó el efecto que tiene en las Pymes esas regulaciones y se le pidió que sean un poco más flexibles, porque clasificar A o B a una empresa es difícil en estos momentos.

Explicó que “ahora hay un parámetro que indica que la rentabilidad del año, más las depreciaciones y los intereses, deben dar para cubrir los pasivos a corto plazo, una cosa impensable en un país donde no hay financiamiento al desarrollo”, dijo.