POR GERMAN MARTE
El presidente de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción (CNECC), José Joaquín Bidó Medina, aseguró ayer que si fuera miembro de la Junta Central Electoral (JCE) tampoco recibiría el incentivo que rechazó la doctora Aura Celeste Fernández.

«Si fuera yo, no hubiera recibido el incentivo y hubiera renunciado a cualquier entrada que tuviese fuera de aquí», expresó Bidó Medina.

El funcionario y dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana dijo que no quería trazarles pautas a los miembros de la Junta, empero les sugirió analizar y discutir el tema de manera profunda y ecuánime a fin de que se despeje cualquier duda, puesto que se trata de una institución que tiene a su cargo una tarea muy seria y como tal debe dar muestra de coherencia en todo lo que hace.

Bidó Medina hizo la afirmación tras participar en el taller que realizó la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción para formular el Plan Operativo de ese organismo para el 2007, en el Hotel Meliá con la participación del Departamento de Persecución de la Corrupción, representantes del Banco Mundial, el BID, la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, la Unión Europea, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Consideró que la Junta debe reunirse y darle una explicación a la población en torno a las denuncias de la doctora Aura Celeste de que los miembros de ese organismo reciben un «incentivo especial» que constituye un fraude a la ley, pues a través de éste se les compensan todos los descuentos, incluido el Impuesto Sobre la Renta y el fondo de pensiones.

Por este concepto, según la magistrada, dependiendo del salario, los jueces de la JCE reciben más de RD$55 mil mensuales. La posición de Aura Celeste ha generado un debate en la opinión pública, incluso miembros de la JCE han expresado su desacuerdo con su posición y justifican el cobro de incentivos especiales, mientras otros sectores consideran su actitud como digna de imitar.

Bidó Medina explicó que en su caso recibe un salario como secretario de Estado, ya que su puesto como presidente de la Comisión Nacional de Etica es honorífico. Añadió que antes de ser secretario de Estado había sido pensionado por el Congreso, del cual fue miembro, «pero cuando yo fui al cargo de secretario de Estado lo primero que hice –el mismo día- fue redactar una carta al secretario de Finanzas pidiéndole que se abstuviera de depositar en mi cuenta de banco el valor de la pensión mientras yo desempeñara el cargo».

Sin embargo, dijo, eso es en su caso, pero en lo que concierne a los miembros de la Junta deben ser ellos quienes definan si es correcto o no recibir los incentivos a que se refiere la doctora Aura Celeste.

Subrayó que en gran medida la JCE no sólo debe ser una junta jurídico-política, sino que también tenga matices profundos de moralidad.

De su lado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, exhortó a los miembros de la Junta que traten de dejar esclarecida la situación a lo interno de ese organismo y a limitar la controversia pública, «ellos tienen que recordar que son el árbitro de procesos en los cuales hay un alto nivel de conflictividad y el país sólo puede estar tranquilo si entiende que ahí hay armonía y posibilidad de concertar respuestas y soluciones».

Empero, Pina Toribio rehusó opinar sobre los incentivos calificados por la magistrada Fernández como un «privilegio irritante» y un «fraude a la ley», aduciendo que no conoce todos los detalles de la denuncia.