POR MANASES SEPULVEDA
La empresa multinacional Industrias San Miguel del Caribe, que produce el refresco Kola Real, declaró ayer que la Dirección de Impuestos Internos (DGII) pretendió aplicar “de manera forzada y retroactivamente” un nuevo régimen fiscal contrario a la Constitución para cerrar sus instalaciones por supuesta evasión de impuestos.

El licenciado Alfredo Paredes, director de imagen corporativa de la empresa, manifestó que tras el impasse se ha acordado con las autoridades un depósito en garantía, “sin renunciar al ejercicio pleno de nuestros derechos”, con la intención de conciliar, “pero de manera firme, exigiendo el respeto a las normas fiscales correspondientes y esperando un trato justo, imparcial y equitativo”.

Paredes y otros ejecutivos de la empresa plantearon su posición en rueda de prensa ayer en el Hotel Jaragua, respecto al cierre de la misma por orden de la DGII, porque supuestamente “no transparentó” el pago de RD$2.0 millones por concepto del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

El cierre de la empresa ubicada en El Caimito de Sabaneta, Santiago Rodríguez, motivó protestas de empleados y residentes de la zona porque alegadamente es su única fuente de empleos. “Durante el mes de abril del 2005 se realizó una modificación al amparo de la cual y con efectos retroactivos se pretendió aplicar de manera forzada un nuevo régimen a nuestra empresa, en contraposición a lo estipulado en el artículo 110”, dijo Paredes.

Señaló que igualmente el artículo 47 de la Carta Magna habla de la irretroactividad de las normas, por lo cual se interpuso un recurso administrativo de reconsideración por estimarlo una violación a los principios del Derecho.

Dijo que hasta la fecha (ayer), la DGII no se había pronunciado y que, por lo tanto, se suspende todo proceso de cobranza según el artículo 62 párrafo II del Código Tributario.

“Dejamos constancia de nuestra voluntad de continuar por la vía del diálogo, la conciliación y la coordinación, a fin de salvaguardar nuestras inversiones presentes y futuras con los efectos económicos y sociales, incluso, políticos que se deriven de la falta de sensibilidad y voluntad política”, dijo Paredes.

Señaló que particularmente les preocupa que se usen este tipo de deficiencias para dañar específicamente a la empresa y sus marcas, así como demandar que los intereses ajenos o de sus competidores no influyan en las decisiones del gobierno.

Expresó  que la inversión de la empresa multinacional se realizó al amparo de la ley 28-01 y en correspondencia al apoyo fiscal, como la excención de cualquier tipo de impuestos durante 20 años y específicamente el reglamento de la ley que exonera el ITBIS, planteando como compensación la reinversión social en la zona.

Recordó que es una empresa multinacional invitada por el gobierno dominicano para invertir con la confianza en las leyes y las autoridades, a fin de contribuir al desarrollo de la zona fronteriza sin considerar otras regiones y a pesar de las diversas desventajas en la infraestructura de transporte, comunicaciones, manos de obra calificadas y la distancia que genera sobre costos.

Señaló que Industrias San Miguel del Caribe es una empresa con una visión multinacional y una perspectiva de crecimiento unida a su responsabilidad social y en ningún momento ha pretendido utilizar como ventaja las exenciones fiscales, “las cuales no influyen en la determinación de los precios de sus productos” orientados al consumo familiar para generar ahorros especialmente a las familias de bajos ingresos.

“Industrias San Miguel del Caribe quiere manifestar que su conducta ha estado siempre apegada al Derecho y que siempre ha respetado las autoridades nacionales. Nuestro trabajo está enfocado a garantizar la confianza del consumidor y apoyar a las familias de la región. Sin embargo, esta medida forzosa del cierre de nuestras instalaciones nos obliga a ratificar esta confianza haciendo uso  de nuestro derecho de réplica”, dijo.