POR ODALIS MEJIA
La Secretaría de Turismo afirmó ayer que cuenta con licencias autorizadas por Medio Ambiente para las extracciones de arena próximo a la isla Catalina y aseguró que en las  profundidades donde se realizan no causan ningún perjuicio a los ecosistemas de la zona.

La Asamblea Nacional Ambiental había denunciado que cientos de toneladas de arena están siendo succionadas de los fondos marinos en torno a la isla Catalina, que es un área protegida, y trasladadas a la playa de Juan Dolio para su reestructuración, lo que afecta el ecosistema marino.

Mientras que ayer la Coalición de Defensa de la Áreas Protegidas deploró que se autorice una extracción en un área vedada como es la Catalina, lo cual habla muy mal de las autoridades porque serían los propios poderes públicos que están violando la ley.

El secretario de Medio Ambiente, Max Puig, informó que se referiría a la situación en el día de hoy. Según Turismo las extracciones de arena se están haciendo dentro del polígono al norte de la Catalina y al sur del poblado el Bosquerón, pero no a dentro de la isla.

El proyecto de regeneración de la playa de Juan Dolio inició el pasado día 18 y según Turismo este es realizado por la empresa internacional Bocalis que cuenta con un equipo profesional integrado por hidrotécnicos, oceanólogos, ingenieros de costas, geomorfólogos, buzos especializados y otros expertos en ese tipo de trabajo.

En tanto que Luis Carvajal, miembro de la Coalición de Defensa de las Áreas Protegidas, señaló que las autoridades están en el deber de explicar bajo que criterios se autorizó las extracciones y demandó de la Procuraduría de Medio Ambiente hacer una investigación independiente sobre la violación a la Ley 64-00.

“Si hay un permiso, el permiso habla muy mal de quien lo dio y si no hay estamos ante un ejercicio frente a la prepotencia institucional y del desafío de la legalidad. No es posible predicar el respeto al orden público mientras sean los poderes del estado quienes lo violen”, expresó Carvajal.

Señaló que lo primero que debió hacer el Estado fue cobrar a los empresarios por los daños hechos en las playas y establecer un verdadero plan de recuperación adecuado, sin afectar otras regiones. Recomendó la detención de las extracciones de arena porque están afectando la población de corales, además que la Catalina es un área protegida por su especialidad y fragilidad.

La regeneración de 3.5 kilómetros de la playa de Juan Dolio, donde se verterían 400,000 metros cúbicos de arena, costará US$4.4 millones, de los cuales el Estado aportó el 70% y el resto fue cubierto por los empresarios turísticos de la zona. Igual trabajo se realizó en playas de Puerto Plata.