La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad acusó ayer al gobierno de utilizar los actos de inauguración de obras construidas por el Estado para promover la candidatura del presidente Hipólito Mejía, como si fueran realizadas con los fondos particulares del candidato.

En muchos oficinas estatales, principalmente ayuntamientos, denunció la organización, se han colocado afiches promoviendo también a los candidatos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, y Reformista Social Cristiano (PRSC), Eduardo Estrella.

Denunció que el gobierno también ha integrado a la campaña algunos programas sociales del Estado, como la venta de comida a precios bajos, la entrega de materiales de construcción y las facilidades para adquirir motocicletas a través del Plan Renove, para aquellos que se comprometan a colocarles banderas que promuevan a Mejía.

«Automóviles, camionetas, jeepetas y autobuses propiedad de diferentes instituciones del gobierno y los ayuntamientos son utilizados de manera continua en los actos de proselitismo de los diferentes partidos políticos, lo que incluye el uso de combustible, equipos de comunicación y choferes pagados con los fondos del Estado», agregó.

Piden a los partidos políticos detener esas acciones que van en contra de la ética, las leyes y la Constitución.

La posición de la Coalición, que integran 18 organizaciones, consta en un documento de cuatro páginas que leído por el coordinador de Participación Ciudadana, Alfonso Abreu Collado, en rueda de prensa ofrecida en el hotel V Centenario.

Participaron, además, Elena Villeya, presidenta del Consejo Naiconal de la Empresa Privada (CONEP), la presidenta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Fabiola González, y el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Diez Cabral.

El documento dado a conocer por las organizaciones es el primer informe del monitoreo del código de ética electoral, en rechazo de una campaña sin contenido, con violencia política y con abuso de los recursos del Estado, a un mes de presentar del Código de Ética.

Estimaron que los discursos del presidente Mejía y el ex presidente Fernández, de atribuirse mutuamente defectos personales con expresiones fuera de tono, influyen para que la militancia de sus partidos asuma una actitud agresiva.

Exigen que sean sometidas a la justicia las personas que están involucradas en actos de violencia con un saldo de muertos y heridos para poner fin al dicho de que «los muertos de campañan no se pagan».

[b]RON Y ARMAS DE FUEGO[/b]

La Coalición entiende que por su naturaleza, las marchas, caravaneos, bandereos y manifestaciones no son propicios para el debate reposado de las propuestas relacionadas con la problemática nacional.

En medio de esos eventos, señalan, sólo se encuentra espacio para consignas y expresiones de apoyo, en los que se combina el consumo de bebidas alcohólicas y el porte de armas de fuego.

Aunque plantean que los candidatos han asistido a las reuniones organizadas por la sociedad civil para exponer sus ideas sobre diferentes temas de interés nacional, expresan que lo que ha predominado en el ambiente político es el discurso agresivo y sin contenido, en el que sólo se busca descalificar al adversario.

[b]MENOS ACTOS MASIVOS[/b]

Una decena de personas heridas y cinco muertas es el saldo de la violencia en campaña electoral, entre militantes del PRD y PLD.

Las organizaciones exponen que en medio de un ambiente cargado de recriminaciones y violencia verbal, era de esperar que se produjeran acontecimientos de violencia física.

Conviene, plantean, que los partidos políticos reduzcan la frecuencia con que realizan actos masivos y se concentren en otros medios de promoción electoral como el contacto directo, institucional y la intervención en los medios de comunicación.

[b]PROGRAMAS DE GOBIERNO[/b]

Según la Coalición, un elemento que contribuye a que los partidos políticos mantengan un discurso de campaña en el que están ausentes las propuestas sobre el desarrollo nacional, es que los programas de gobierno no han sido el centro de su promoción.

Hace apenas unos días que el PLD presentó su programa de gobierno, plantean, mientras que todavía no lo han hecho los partidos Revolucionario Dominicana (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

[b]USO INDISCRIMINADO[/b]

La Coalición considera que se registra un uso indiscriminado de los recursos del Estado en campaña.

Cita las declaraciones del director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Diógenes Castillo, «justificando -el uso de las guaguas en campaña política- de manera insólita al alegar que esta acción ilegal e irregular era práctica por todos los gobiernos».

De igual manera, critican la promesa que hizo el presidente Mejía en Estados Unidos de otorgar facilidades aduanales a los dominicanos residentes en el exterior, a pesar de que la ley prohíbe la concesión de exenciones arancelarias que no hayan sido aprobadas por el Congreso Nacional.

El decreto 346-04 que hace estas concesiones deberá ser analizado desde el punto de vista constitucional, agregan.

[b]»OBLIGAN EMPLEADOS»[/b]

También se ha constatado, afirman, que en algunas oficinas públicas se continúa con la práctica ilegal de ordenar a los empleados asistir a determinados actos de proselitismo político en su tiempo de trabajo, violando la libertad de afiliación política que establece la Constitución.

«Pero lo que es más denigrante aún, en algunas instituciones gubernamentales se ha dispuesto de un personal encargado de colocarle a los vehículos de los empleados y visitantes que están en el parqueo, propaganda y fotografías alusivos a la candidatura oficial, con amenazas de cancelación si son despegados a los que son empleados», indican.

[b]USO DE MEDIOS[/b]

Opinan que en los medios de comunicación propiedad del Estado y en los que se encuentran bajo su administración provisionalmente se ha adoptado una línea editorial e informativa marcadamente a favor del candidato del partido oficial, «lo cual es totalmente injustificable».

Han comprobado, señalan, que la publicidad colocada por algunas instituciones públicas y que son pagadas con fondos del erario, se ha convertido de manera abierta o disimulada en una promoción política-electoral a favor del presidente Mejía, candidato del PRD, desviándose de sus fines institucionales.

[b]MILITARES[/b]

Uno elemento que consideran negativo y que ha ensombrecido el actual proceso electoral, lo constituyen las intervenciones públicas inadecuadas de varios jefes militares con sentido político, incluido el caso de un jefe militar en el reparto de dinero en las visitas que realiza el presidente Mejía.

Pidieron al presidente Mejía y al secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general José Miguel Soto Jiménez, llamen la atención de esos militares, ordenándoles que ciñan sus actividades y declaraciones públicas a las funciones de carácter estrictamente institucional que tienen bajo su responsabilidad.

Además de Participación Ciudadana, FINJUS y ANJE, forman parte de la Coalición el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Acción Comunitaria para el Progreso, Asociación de Jóvenes por la Paz, Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, Consejo de la Juventud.

También, Ciudad Alternativa, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, Centro de Planificación y Acción Ecuménica, Central General de Trabajadores.

Otras instituciones son Centro Dominicano de Asesoría e Investigación Legal, Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, Instituto Dominicano de Desarrollo Integral y Instituto para la Salud.