Ejecutivos de la minera Barrick Gold aseguraron ayer que el contrato suscrito con el Estado para la explotación de oro y otros minerales en Pueblo Viejo, Cotuí, es el  único del área   que tiene una regalía de 3.2% por retorno de fundición, pago de Impuesto Sobre la Renta de 25% y una participación en las utilidades de la empresa de un 28.5%. Reconocieron, empero, que no hay una fecha específica para que el Estado perciba su porcentaje de las utilidades, puesto que aunque el contrato establece que será cuando haya una tasa interna de retorno del 10%, todo dependerá del precio del oro en el mercado mundial. Fernando Sánchez Albavera, director ejecutivo  de la Barrick, y Méjico Angeles, director de Asuntos Gubernamentales, hablaron para este diario.

Ejecutivos de la minera Barrick Gold aseguraron que el contrato suscrito con el Estado para la explotación de oro y otros minerales en Pueblo Viejo, Cotuí, es el  único del área   que tiene una regalía de 3.2% por retorno de fundición, pago de Impuesto Sobre la Renta de 25% y una participación en las utilidades de la empresa de un      28.5%.

Asimismo reconocieron que no hay una fecha específica para que el Estado perciba su porcentaje de las utilidades, puesto que aunque el contrato establece que será cuando haya una tasa interna de retorno del 10% todo dependerá del precio del oro en el mercado mundial.

 “Yo no puedo hoy día afirmar cuando se va a recuperar la inversión en el sentido de un tiempo que pueda predecir porque la mina entra en operación dentro de dos años. Yo no se dentro de dos años cual va a hacer el precio del oro”, expresó, Fernando Sánchez Albavera, director ejecutivo  de la Barrick Pueblo Viejo, junto a Méjico Angeles, director de Asuntos Gubernamentales y Regulatorios.

Sin embargo, Sánchez  Albavera expresó que las utilidades de 3.2% por el retorno neto de fundición de metales entran desde el primer día de la operaciones mineras, así como el 25% por la renta de la empresa.

 Dijo que una vez se alcance la tasa de ganancia sea de 10%, las utilidades alcanzarán cerca del 50%.

Una exigencia. Señaló que el requisito fue exigido por los organismos de créditos para financiar el proyecto minero que envuelve una inversión global de cerca de US$3,000 millones.

Exenciones  En cuanto a las exenciones fiscales, Sánchez señaló que estaban en el contrato del 2002 y son los mismos beneficios que recibe la industria minera en cualquier país y muchos de los cuales tienen que ver con la importación de maquinarias a utilizar durante las diferentes etapas del proceso de explotación.

Recordó que como cualquier empresa, si tiene utilidades la minera está obligada a pagar por ellas y si no tiene se debe a que el precio del oro está muy bajo o porque está recuperando  la inversión realizada, aspectos  regulados en la ley tributaria.

Dijo que la única reforma del contrato original es que en principio las utilidades para el Estado eran de 25% y ahora son de  28%, condicionado a que se alcance  una rentabilidad del 10%.

Invitó a los que han criticado el contrato minero a compararlo con otros vigentes en  distintos países, ya que no encontrarán uno con tanta participación del Estado ni siquiera en Cuba ni Venezuela.

   “Este es el mejor contrato en términos de participación  del Estado que existe en América Latina”, enfatizó  Sánchez Albavera.

Las claves

1.  Ganancias  

Desde que inicien las operaciones  prevista para el 2012  el Estado recibirá recursos por el 3.2% de la fundición de metales.

2.  Utilidades netas

Sin embargo las utilidades netas  para el Estado, establecidas en 28.5% de las ganancias, dependerán del precio del oro en el mercado internacional.

Punto ambiental

En el aspecto ambiental, Sánchez Albavera reiteró que de la inversión global del proyecto de cerca de US$3,000 millones, 375 corresponden a un  plan de manejo y cierre ambiental que estipula las correcciones desde el inicio del proyecto, o sea, que no acumulará impactos, sino que se irán “corrigiendo todos los días”.

Apuntó que para hacer esa inversión previamente debieron contar con la licencia ambiental que fue otorgada en el 2006.

Adicional a esto, Angeles dijo  que se donarán US$37.5 millones  al Estado, sin condiciones a éste,  para recuperar el pasivo ambiental dejado por la Rosario y además para manejo de daños  externos, ambas situaciones  bajo  responsabilidad del Estado. Además la Barrick está dispuesta otorgar recursos al gobierno para estas actividades.

Angeles señaló que existe un acuerdo de colaboración  técnica y financiera entre  la  empresa y  el Estado para viabilizar a que éste cumpla con su parte.

Reiteró que los municipios alrededor de la mina recibirán un 5% de los beneficios. Aunque esta entrega  es responsabilidad del Estado, existe una cláusula que da la posibilidad de que la empresa lo entregue  a las comunidades.

Tanto Sánchez Albavera como Ángeles destacaron que a la par de todo esto y antes de iniciar sus operaciones de extracciones, la Barrick se ha embarcado en  varias acciones de apoyo comunitario que van en las líneas de desarrollo humano, microempresas, gestión municipal y cultural.

Dijeron además que apoyará el plan de desarrollo para Cotuí. Fantino y Maimón, aprobado mediante un plebiscito.