A dos años de la promulgación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, no se cumple en la mayoría de los ayuntamientos, persiste la ausencia de planes y estrategias, así como la falta de coordinación entre las autoridades locales y nacionales.

A esa consideración llegó ayer el análisis de coyuntura sobre la Ley organizado por el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, en el Centro Bonó, en que uno de los puntos negativos es la falta de transparencia en el manejo de los recursos presupuestados, sobre todo con lo que tiene que ver con el “presupuesto participativo”, según establecieron.

Nelson Paulino, coordinador del equipo de desarrollo local del Centro Montalvo, Domingo Matías, experto en el tema, y Apocalipsis Aguilera explicaron que se registra una falta de implementación de los consejos económicos y sociales municipales y una escasa funcionalidad de los que se crearon.

Encontraron, además, la ausencia de planes y estrategias de desarrollo municipal que respondan a la propuesta de planificación nacional planteada en la Ley 498-06, además de falta de coordinación entre los diferentes niveles e instancias de Gobierno, que se rigen con distintas lógicas de descentralización.

Dijeron que en algunos municipios el incumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana se justifica con la ausencia de reglamento, cuya elaboración es responsabilidad del ayuntamiento.

En sus exposiciones destacaron el caso del ayuntamiento de Villa González en 1999, donde se aplicó el Presupuesto Participativo  Municipal aún sin reglamento.

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El Ejecutivo viola

Domingo Matías acusó al Poder Ejecutivo de violar la Ley 176-07, principalmente en lo que tiene que ver con la transferencia de recursos.

Competencia Compartida

El Gobierno tampoco cumple con la competencia compartida con los ayuntamientos, por lo que entienden que el anuncio de  asfaltar calles no es más que una politiquería, ya que el trabajo debe involucrar a los cabildos.