La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem) denunció que existen evidencias claras de que la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) quebrantó el reglamento RTD 178 que regula el proceso y calidad del cemento asumiendo  atribuciones que no le corresponden e ignorando las pruebas de calidad reglamentarias.

Dijo que el organismo procedió de esta manera con el objetivo de facilitar la comercialización en el país del producto importado de Jamaica violentando los procesos y las normativas de calidad establecidos.

La entidad reclamó  el respeto y garantía del cumplimiento de las leyes y normas que rigen para la industria del cemento en la República Dominicana.

La directora ejecutiva de la Adocem, Julissa Báez, manifestó que la decisión de Digenor constituye  un “irrespeto a los controles y medidas pertinentes alterna el comportamiento de nuestro sector, por lo que exigimos a Digenor la actuación transparente y con apego estricto a las normas y las leyes de la Nación”, expresó la ejecutiva.

Según  Adocem, Digenor emitió un oficio donde declaraba que este producto importado cumplía con todos los requisitos que exige este reglamento autorizando con esto la salida de dicha mercancía, aspecto éste que es conferido por ley y a través de este mismo reglamento, al Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones.

El RTD 178 es catalogado conforme a la Ley 602 de Digenor como un reglamento de cumplimiento obligatorio por referirse a cuestiones de seguridad pública, ya que el cemento es  un producto que de no contar con las especificaciones y controles adecuados, pondría en riesgo el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía.

La entidad informó además el inicio de acciones de carácter legal ante Digenor a fin de garantizar los reglamentos y normas sean ejecutados en cumplimiento al debido proceso e igualdad jurídica de conformidad con las leyes.

“Esta situación que hoy denunciamos públicamente atenta contra principios básicos consagrados en la Constitución de la República y  emite señales confusas ante la inversión extranjera generando desconfianza en la estabilidad jurídica del país”, concluyó.