Hoy 
POR HILDALIZA MANCEBO
El síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, y tres funcionarios municipales fueron sometidos a la justicia acusados de desacatar cinco sentencias judiciales a favor de la empresa publicitaria Impacto Urbano.
También lo incriminan de abuso de autoridad y atentar contra la libertad de empresa.
La querella interpuesta por ante el procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, se relaciona con el desmantelamiento de 600 vayas publicitarias por parte del cabildo capitaleño.
En una rueda de prensa celebrada ayer, los abogados Rolando de la Cruz Bello, Rafaela Espaillat, Eduardo Jorge Prats, y Félix Damián Olivares acusan a las autoridades municipales de violentar derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.
Junto a Salcedo fueron sometidos el secretario general del ADN, Domingo Contreras; el director de Tránsito Urbano, Ángel Segura, y el director de Defensoría del Espacio Público, José Miguel Martínez, quienes alegadamente desacataron sentencias dictadas entre el 11 de junio de 2001 y el 19 de septiembre de 2007.
Los abogados de Impacto Urbano dijeron que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por el magistrado Marcos Vargas García, rechazó un recurso de apelación presentado por el síndico Salcedo y lo condenó a pagar una multa o astriente definitivo de diez mil pesos diarios a partir de la notificación del fallo judicial.
Los juristas mostraron una copia de la certificación emitida por la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, en la que se hace constar que el ayuntamiento no apeló la sentencia del 3 de agosto de 2005, dictada por la Corte de Apelación, que reconoce los derechos de Impacto Urbano.
Agregaron que la administración de Salcedo desconoció un acuerdo transaccional firmado entre el pasado síndico Johnny Ventura y el empresario argentino Miguel Pedro Sheppard, mediante el cual el ayuntamiento reconoce la legalidad de las operaciones de Impacto Urbano y se compromete a respetar las sentencias de los tribunales.
Según los abogados, el interés de Salcedo de sacar del mercado a la empresa domínico-argentina es para entregar la explotación del negocio a la empresa de inversión extranjera Equipamientos Urbanos Dominicanos (EUDOM).
