El  exministro de Deportes Juan Marichal calificó ayer de “excluyente” y, en consecuencia, “inconstitucional” el proyecto de ley que prohibiría la firma de contratos como profesionales a los jóvenes peloteros y otros atletas que no hayan cursado el primero de bachillerato.

Por su lado, el presidente del Comisionado Nacional de Béisbol, Porfirio Veras Mercedes, coincidió con Marichal en que el Congreso debe dar un plazo de por lo menos cinco o 10 años antes de aprobar una ley con ese dispositivo.

Ambos formularon sus planteamientos al comparecer ante la comisión de Deportes del Senado, que estudia el citado proyecto, original del senador José María Sosa Vásquez (PLD-SPM).

Marichal, expitcher de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, precisó que está de acuerdo con que los atletas, al igual que todas las personas, alcancen la preparación académica más adecuada posible.

Sin embargo,  consideró excluyente que se obligue a los jóvenes atletas a cursar esos estudios para poder firmar un contrato de trabajo.

“Yo no estoy de acuerdo, en este momento con ese proyecto. Ahora, siempre estaré de acuerdo con una buena educación”, dijo el ex titular de Deportes.

Consideró que esa legislación debe postergarse por lo menos 10 años.

Marichal señaló que, al ser excluyente, la iniciativa del legislador petromacorisano “es totalmente inconstitucional”.

Por su lado, Popo Veras dijo que la legislación debe dar un plazo largo, de por lo menos cinco o 10 años, para que la prohibición de firmar contratos cobre vigencia, a fin de que los atletas que no han hecho el primer teórico tengan tiempo para prepararse, porque si se aplica de una vez, los perjudicaría.

Manifestó que está de acuerdo con el proyecto, pero bajo el entendido, lo cual sugirió al proponente, que en vez de cinco años, se fijen 10 años de plazo para que los estudiantes tengan tiempo de terminar el límite mínimo de estudios que fija la pieza legislativa.

Veras Mercedes expresó que si se fija en cinco años, lo cual alentaría al deporte a menores de 12 años, la legislación podría aplicarse perfectamente sin mayores perjuicios.