Dicho está: no basta

Una decisión conciliada condujo a reducciones de precios que favorecen a consumidores en algunos artículos de primera necesidad, pero solo a través del sector de los grandes centros de expendio.

Independientemente de que así lo expresaran compradores entrevistados por periodistas antier, lo que está a la vista no necesita espejuelos. La intensidad del alto costo de la vida reside, en estos momentos, en una gama mayor de productos. Y los perjuicios son además, para un sector consumidor  más amplio que el que accede a negocios grandes.

Si algo enseña el arreglo que  en un ámbito parcial bajó tipos de arroz, habichuelas, huevos y pan es que los precios de artículos esenciales siguen siendo fijados por intermediarios que no toman en cuenta las reales posibilidades de la mayoría de las familias. No aspiremos a cacerías de brujas ni a controles de fuerza. Pero es necesario comprometer a los distribuidores con márgenes moderados de beneficios.  El comercio en general tiene que acogerse a la realidad de que los precios que resultan de una pretensión  desmedida de lucro pueden causar estallidos sociales.

 

Accidentes graves y escasez de equipos

El transporte terrestre es hoy más raudo y pesado, y el irrespeto a las normas de tránsito mantienen los accidentes de vehículos entre las principales causas de muerte e invalidez. Pero como bien señaló el jefe de los bomberos de La Romana, coronel Medardo Quezada, las entidades de ese servicio no están bien equipadas para atender víctimas de colisiones. Lo dijo a propósito del choque entre un gigantesco camión cargado de cemento y un carro público.

El saldo fue de seis muertos, que hubiera sido menor si los bomberos romanenses contaran con las herramientas especiales que requiere el rescate de personas atrapadas en hierros retorcidos. Los bomberos de todo el país son municipales, pero como bien sabemos la tradición de los gobiernos ha sido negar la plenitud de asignación presupuestal que les corresponde. El Estado tiene que eliminar la falta de equidad  que deja a los cabildos sin recursos para brindar mejores servicios.