La afirmación sustentada por ciertos dirigentes políticos y opinantes  en el sentido de que la probable victoria de Danilo Medina significará la instauración de una dictadura constitucional, es un argumento electoral infundado, un dicho disparatado que está fuera de toda  razón y regla. Su argumento derrotista preconiza que la casi inminente victoria de Medina  permitiría al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de gobierno, retener su control sobre los poderes públicos, a saber: Congreso Nacional, Poder Municipal, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral (JCE), Tribunal Superior Electoral (TSE) y Cámara de Cuentas.

Visto así, parece razonable, pero se trata de una perspectiva rotundamente superficial y equivocada, no solamente porque Danilo es un demócrata a toda prueba y su predicamento consolida la democracia representativa, sino porque el sistema político dominicano está reconocido, aquí y en el exterior, por su irrestricto apego y defensa a las libertades públicas y a la carta universal de los derechos humanos.

Por ende, terminologías como “dictadura constitucional”, “dictadura limitada”, “dictadura ilimitada”, no caben en el actual proceso. La dictadura es, en esencia, un gobierno autoritario ejercido al margen de la ley. 

En ninguna cabeza humana cabe la idea de que marchamos hacia la cita del 20 de mayo a ejercer el sufragio universal, libre y voluntariamente, para elegir a un  “dictador constitucional” –¡vaya atrocidad!-; máxime porque desde hace bastante tiempo advino a nuestra  nación  la legitimidad republicana, fundada en la voluntad popular como origen del poder y  credencial para ejercerlo.

Que el PLD controle los poderes públicos, como varias veces le ha tocado al PRD para desperdiciarlo, es una derivación directa de la voluntad popular, fruto de la coincidencia de intereses entre los componentes de la sociedad.

Y eso no está en peligro.