ROSARIO ESPINAL
En República Dominicana, al igual que en otros países de tradición autoritaria y sistemas económicos excluyentes, se produjo una transición de dictadura cleptómana a democracia cleptómana.

Estos regímenes difieren en las garantías a los derechos civiles, pero se parecen en su marcada tendencia al hurto de los recursos públicos.

El alcance de la corrupción varía en función de los mecanismos que utilizan los gobiernos para ejercer control político. En las dictaduras, la alta concentración del poder y el uso extensivo de la represión física permiten que un grupo pequeño se beneficie de la corrupción, sin tener que compartir los frutos del delito para mantener estable el sistema. Ante el descaro, el pueblo reprimido no tiene derecho a quejarse.

En las democracias, la liberalización del régimen político amplía la red de beneficiarios de la corrupción porque se integran al sistema de reparto nuevos dirigentes y activistas políticos con sus allegados. Ante el descaro, el pueblo se queja constantemente.

En la dictadura de Trujillo, el régimen funcionaba para beneficio de la familia gobernante y sus colaboradores. Ellos tenían el monopolio del robo y eran propietarios de muchos bienes.

Esa oligarquía cleptómana gobernó por 31 años con el apoyo explícito de sus cortesanos, que consideraron magistral la hazaña del dictador de pacificar, desamericanizar y deshaitianizar el país.

La nación se forjó con garrote en manos y así se ancló el despotismo y el nepotismo del siglo XX dominicano.

Después de la dictadura de Trujillo, la oligarquía cleptómana se amplió. Joaquín Balaguer fue el padre de su extensión en los famosos doce años.

Para consolidar su poder, Balaguer ofreció beneficios a sus seguidores a través de la cleptomanía. Robaron sin riesgos de ser castigados y, según Balaguer, la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.

No se sabe exactamente cuántos fueron, pero muchos empresarios, militares, activistas reformistas y contratistas se enriquecieron durante esos años en un tinglado de contrabandos, prebendas, concesiones y grado a grado.

El establecimiento de esta neoligarquía facilitó también la expansión de la clase media; unos avanzaron bajo el manto de la corrupción y otros encontraron caminos honestos de progreso.

La economía se dinamizó con amplios incentivos empresariales e inversiones públicas que emanaban de la Presidencia de la República, pero no se hizo productiva, ni creó empleos suficientes, ni salarios dignos. La pobreza persistió a pesar del mentado progreso.

Desde 1978 hizo su aparición en suelo dominicano la democracia cleptómana. Las elecciones se hicieron más competitivas y hubo que acomodar en las redes corroídas del sistema político-económico a las nuevas élites partidarias que llegaban al poder sedientas de alcanzar prosperidad económica.

En un país donde las posibilidades de ganar un salario adecuado y progresar en el sector privado son muy limitadas, la política se convirtió rápidamente en un vehículo de movilidad social para muchos.

Por eso pululan tantos activistas políticos en busca de cargos o prebendas gubernamentales, y en campaña electoral, se muestran desesperados por llegar o quedarse en el poder para asegurar beneficios que de otra manera no podrían conseguir.

No olvidemos: en las últimas tres décadas casi todos los partidos, grandes y pequeños, de derecha a izquierda, han sido parte del gobierno y sus activistas han tenido acceso a los recursos del Estado para acumular riqueza, o al menos, obtener un empleo.

En general, la clase política dominicana se siente bastante segura en la democracia cleptómana existente y el descontento de la gente no parece preocuparle mucho ni crearle remordimientos.

Asumen que no habrá ruptura política siempre y cuando se garantice impunidad a todos los corruptos (por eso se protegen unos a otros) y que en la población hay muchos aspirantes a ejercer la cleptomanía, que pueden cooptarse con facilidad si fuese necesario.

Un riesgo que corre la clase política, aunque todavía distante de materializarse, es que, ante el descontento creciente de la ciudadanía, se cuele un político que capitalice el resentimiento e imponga una cleptomanía dictatorial que restrinja la movilidad de las élites partidarias.

Ante este panorama, la decisión de votar o abstenerse el 16 de mayo tiene importancia, porque mostrará estadísticas que dan una idea del grado de vinculación o desafecto que tiene la ciudadanía con el sistema político-electoral.

Pero la abstención, como tal, no es un método efectivo para lograr transformación social si sólo expresa voluntades individuales, agregadas en un por ciento, al margen de acciones organizadas.

Establecer una democracia más justa y honesta requiere un gran esfuerzo colectivo de participación política. Pero mucha gente, con justificadas razones, está ocupada y hastiada para dedicarse a esa difícil tarea, los grupos de poder económico se oponen siempre a la justicia redistributiva, y los políticos no tienen interés en promover cambios que no les reportan beneficios inmediatos.

Por eso el país oscila entre dictadura cleptómana y democracia cleptómana.