La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo 90 años de condena contra los imputados Miguel Ángel Geraldino (Miguel), Pablo Estarling Geraldino (Stalin) y Edward Manuel González, acusados de cometer asesinato en perjuicio del señor Omal Durán Amancio.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Daira Medina, Delio Germán y Alexandra Reyes, ordenaron que los tres imputados cumplan la pena máxima de 30 años de cárcel cada uno en la Penitenciaría Nacional La Victoria.

El escrito de acusación narra que el suceso se produjo en fecha 05 de febrero del 2017, alrededor de las 8:00 PM, en el callejón Las Carreras del sector La Zurza, cuando los tres condenados se asociaron con el imputado identificado sólo como “El Mello” (prófugo) para quitarle la vida a la víctima Durán Amancio.

El procurador fiscal litigante Eduardo Velázquez expuso en audiencia que los malhechores, todos portando armas de fuego de manera ilegal, dieron persecución a la víctima cuando se dirigía a casa de su suegra para buscar su hija. Al llegar a la residencia de su pariente, Omal pidió que le abriera rápido la puerta porque lo iban a matar y de inmediato se produjo un tiroteo.

El hombre fue impactado por uno de los proyectiles de bala que dispararon sus agresores, quienes inmediatamente emprendieron la huida. El hecho fue presenciado por una joven de 17 años, la cual pidió ayuda a los vecinos para socorrer al hoy occiso.

Trascendió en audiencia que el señor Deivi Osoria, quien momentos antes estaba compartiendo con el fallecido, tras escuchar los disparos vio a los cuatro malhechores corriendo con pistola en mano. Enseguida se dirigió hacia donde estaba Durán Amancio y al verlo herido en el suelo trató de seguir a los imputados, pero no logró alcanzarlos.

A causa de la acción cometida por los acusados en contra de Omal, éste falleció debido a herida de bala en el flanco izquierdo mientras recibía atenciones médicas. El fiscal Velázquez indicó que el móvil del asesinato fue para despojar a la víctima de la suma de RD$20,000.00.

El Ministerio Público le otorgó al caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, asesinato y porte ilegal de arma de fuego, delitos previstos y sancionados en los artículos 265, 266, 295, 296 y 302 del Código Penal Dominicano y en los artículos 66 y 67 párrafo V de la Ley 631-16 para el Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.