El magistrado José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción a varios imputados en relación al Centro Médico Nacional, ubicado en el sector de Villa Consuelo, en la Capital, cuyo propietario negó que en se practicaran abortos.

Al acusado Rafael Delgado Quezada, quien según se supo no es médico, sino que llegó al octavo semestre de medicina y laboraba en el referido establecimiento clausurado por las autoridades, el juez le impuso tres meses de prisión preventiva en la càrcel de La Victoria;  mientra que a Agustín Hung Guillén, propietario de la clínica, le impuso arresto domiciliario por tres meses.

En el caso de este último se informó que tiene un precedente de esta misma acusación que data del año 2001, pero que por su edad, 67 años, fue favorecido con esta modalidad a cumplir en un nuevo domicilio que él debe escoger, «porque éste vive en una separación del local donde funciona la clínica y ya no se podrá acercar a la misma».

De igual forma, a los imputados Arveliez Josefina Méndez Méndez, esposa de Hung Guillén, y supuesta secretaria del centro; Zoila Polanco, enfermera, y Cecilio Pérez, chofer en el centro clausurado, se les otorgó libertad condicional con una garantía económica de 500 mil pesos para cada uno, presentación periódica e impedimento de salida.

En su motivación, el juez dijo que impuso a Delgado Quezada los tres meses de prisión en La Victoria por considerar que invadir el cuerpo de un ser humano sin ser médico es un atentado.