La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Aniksa Serra de la Mota, dictó ayer orden de conducencia contra Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, ex ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), acusados de un presunto fraude de más de 20 mil millones de pesos.

En los mandamientos de conducencia numero 21-04 y 22-04, la magistrada indica que Pellerano y Mendoza han desobedecido las citaciones y requerimientos hechos a su persona, entorpeciendo con ello las actuaciones de esa jurisdicción, haciendo a la vez pedimentos incidentales.

«Ordenar la ejecución y cumplimiento del presente mandamiento de conducencia, referido a cualquier autoridad pública a quien competa, de manera particular a cualquier agente del orden público o de la Policía Judicial, en el plazo de 24 horas según lo establece el artículo 93 del Código de Procedimiento Criminal», indica el mandamiento.

Asimismo, señala que la ley es clara en lo concerniente a las facultades del juez de instrucción para proceder a ordenar la conducencia por ante él de una persona citada que se resiste bajo cualquier pretexto a ser interrogada, sobre todo, cuando esas personas ya fueron interrogadas por el Ministerio Público, como es el caso de los implicados en este proceso.

En enero pasado, los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos interpusieron una querella directa con constitución en parte civil contra los ex ejecutivos de BANCREDITO ante la negativa del fiscal Máximo Aristy Caraballo de poner en movimiento la acción pública.

Los abogados del Estado Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín y José Rafael García Hernández cuestionaron el hecho de que Aristy Caraballo no haya puesto en movimiento la acción pública alegando que las piezas que conforman el proceso se refieren únicamente a contestaciones civiles entre las partes.

Los abogados sostienen que Aristy Caraballo fundamentó, desde el punto de vista jurídico, la «desafortunada y criticable» decisión en la existencia de un contrato suscrito por el Banco Profesional, el Banco Central y varias empresas ligadas a BANCREDITO, obviando hechos y circunstancias con connotaciones criminales de incuestionable existencia, cuya sola presencia lo obligaba a enviar el expediente ante un juez de instrucción.

De igual modo, el consejo de defensa de las autoridades monetarias y financieras, ante este caso, señalan que aún cuando a todas luces resultan insostenibles los argumentos de Aristy Caraballo «para su desafortunado engendro, en relación con la existencia de contestaciones meramente civiles entre las partes, como representante de la sociedad ni siquiera se detuvo a verificar, analizar y mucho menos dar a conocer los elementos indiciarios suministrados y los que estaba en obligación de buscar como garante, defensor y representante de la sociedad, que comprometen irremediablemente a los acusados con los hechos puestos a su cargo por los querellantes».

El expediente fue apoderado a la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, quien como parte de las pesquisas ha interrogado a varios funcionarios del área financiera, entre ellos a los querellantes, José Lois Malkun, gobernador del Banco Central y Julio Antonio Cross, Superintendente de Bancos.

Asimismo, a los señores Ramón Alejandro Rosario García y Melania Antonia Paulino Martínez, en calidad de testigos presenciales de los hechos.

Luego de esta querella, ascienden a más de seis los sometimientos hechos contra los ex ejecutivos de la entidad bancaria, acusados de estafa y otros delitos.