POR LLENNIS JIMÉNEZ
Un año de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria le fue aplicado ayer al cabo de la Policía Nacional Pablo Valdez Valdez (sargento Uva), acusado de encabezar una red que asesinaba personas para sustraerles sus bienes y en la que está implicada una pareja de esposos junto a dos menores de edad.

A su llegada al tribunal de la instrucción de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, donde se le conoció la medida de coerción, el cabo Valdez Valdez dijo que no participó en los hecho y que no conocía los cargos que lo implican en la muerte de alrededor de 12 personas junto con los esposos Joel Antonio Rodríguez Díaz y Yosy Rosanna de León Vicente, así como Luis Manuel Vargas.

Sin embargo, el ministerio público indicó que el cabo había confesado que conocía a Rodríguez Díaz -propietario de la vivienda donde se realizaban los homicidios- y que se había reunido con él hace quince días.

En una audiencia a puerta cerrada, de poco más de una hora, la jueza Luz María Rivas conoció la medida de coerción revisable cada tres meses contra el cabo que Rodríguez Díaz habría identificado en interrogatorio como la persona que presuntamente planeó el asesinato del cabo policial Andrés D’ Oleo Quezada y Luis Manuel Díaz Pérez. Con el sometimiento formal a la justicia del cabo, suman cuatro los individuos implicados en la cadena de crímenes atribuidos por el ministerio público a una asociación de malhechores, que supuestamente utilizaba a dos hijos de Rodríguez Díaz en la materialización de los hechos.

El grupo, de acuerdo al fiscal de la provincia, Perfecto Acosta, confesó el asesinato de varias personas, de las cuales dos habrían sido lanzadas hacia el mar Caribe, cuyos cadáveres serán buscados en lo adelante.

El magistrado informó que ya está abierta la fase de la instrucción -con la recolección de las evidencias- y que esperan poder empezar el juicio antes de los tres meses reglamentarios, por lo que identifican a todas las personas afectadas con la red para presentarlas como testigos.

Los abogados de los familiares del cabo D’Oleo Quezada, Mártires Aquino Valdez y Manuel Sánchez, anunciaron que los parientes del agente asesinado se constituirán en parte civil para acusar a los implicados, para quienes solicitarán la pena máxima, de 30 años, porque el crimen reúne todas los agravantes.

De su lado, el magistrado Acosta explicó que en la tarde de ayer se trasladaría a las provincias de San Cristóbal y Peravia, en la primera, ubicaría los familiares de Nelson Duluc, el hombre que habría matado uno de los menores de edad, y, en la segunda, a los seis motoristas que la banda supuestamente despojó de su medio de transporte.

Señaló que también incluirán en el expediente que preparan contra el grupo el intento de muerte de que fue objeto Héctor Inoa en la calle Quinto Centenario del sector capitalino Villa Consuelo, donde para robarle su camioneta le solicitaron un acarreo y, más tarde lo abandonaron en una construcción.

“Se sigue trabajando para ver si hay más implicados en el caso”, afirmó el fiscal.

Los fiscales adjuntos Pedro Galarza  y Wiston Gutiérrez a cargo de la investigación de los crímenes, actuaron en la audiencia celebrada al cabo Valdez Valdez. Todos los acusados fueron enviados a prisión preventiva y dentro de tres meses tendrán que volver a los tribunales a responder por las imputaciones, los elementos de pruebas y las evidencias.

En tanto, el fiscal Acosta explicó que las investigaciones faltantes son para determinar la totalidad de personas afectadas en este hecho y los asesinatos que ha habido, ya que tienen que hacer la formulación precisa de los cargos.

VERSIÓN FAMILIAR

A gritos, Guillermina Quezada Encarnación pedía que al cabo Valdez Valdez se le hiciera lo mismo que le sucedió a su hijo, el cabo D’Oleo Quezada, asesinado para robarle el motor, que luego fue vendido por piezas y el revólver ofertado en ocho mil pesos.

La viuda del cabo D’Oleo Quezada, Celeida Montero, quien no pudo entrar a la audiencia, indicó que su marido estuvo desaparecido desde el pasado 16 de diciembre, cuando salió de su casa en el sector Las Toronjas, a realizar el acostumbrado servicio de motoconchista en sus horas libres. Manifestó que no ha recibido la visita de representantes de la Policía, donde laboró su marido.

Así, Esteban D’Oleo, padre del cabo encontrado muerto en la casa de los esposos, expresó al salir de la audiencia donde sólo a él se le permitió estar: “que el sargento Uva  le “echó a perder su hijo”.

VIVIENDA DEL TERROR

El fiscal Gutiérrez planteó que tienen entendido que el ministerio público tiene el control de la casa de los esposos, en la calle Privada, número tres del sector Los Coquitos, Mendoza, en Santo Domingo Este, donde se asegura que se asesinaba a personas. Sin embargo, hasta el pasado lunes, la vivienda era frecuentada como un circo.

De su lado, el fiscal Galarza indicó que se le dijo que las autoridades policiales habían asignado una custodia policial para cuidar la casa. “Vamos a efectuar una exhaustiva investigación para determinar quiénes fueron las personas afectada en este hecho”.

Asimismo, el fiscal Acosta declaró que hasta el momento nadie ha reclamado la casa que según un contrato revisado, figura como propiedad de Rodríguez Díaz.