La Romana.A solicitud del Ministerio Público, se impuso  medida de coerción, consistente en prisión preventiva,  contra un pastor evangélico acusado de abusar  sexualmente de una menor de 12 años de edad en un centro educativo de la comunidad de Villa Hermosa, de La Romana.

El Juzgado de Atención Permanente de ese localidad dictó la medida cautelar,  de tres meses de prisión preventiva, en contra del pastor Maximiliano Mota, por supuestamente haber incurrido en los delitos de seducción, acoso y abuso sexual en perjuicio de la niña, cuyo nombre se omite por razones legales.

De acuerdo a lo expresado por la fiscal Magdalena Polanco, quien actuó en representación del Ministerio Público, Mota, quien fungía como director del colegio Mahanaim y como pastor de la iglesia Asamblea de Dios Tabernáculo de Gracia, presuntamente acosaba a la menor de edad y la obligaba a sostener relaciones sexuales cada vez que ésta se presentaba a la dirección del centro de escolar.

Según expresa el expediente, el imputado abusó de la menor en varias ocasiones, bajo la amenaza de que le quitaría la vida si le contaba la situación a su hermana mayor o algún otro familiar, sin embargo, la niña reveló el hecho ante varios parientes, procediendo los mismos a someter al pastor a la acción de la justicia.

En el transcurso de las investigaciones, durante un interrogatorio hecho a la víctima por un especialista, ésta reveló los abusos que presuntamente de manera regular cometía en su contra el supuesto agresor.

Ante las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el juez Abraham Nicolás Severino Zaldívar, a cargo de la referida Oficina de Servicios de Atención Permanente, dictó la medida cautelar, que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, de La Romana, por la presunta violación de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, que sancionan y tipifican las agresiones de índole sexual.

Calificó como inconcebible el hecho de que personas abusen de la confianza que depositan los padres en ellos, enviando sus hijos a centros educativos manejados por personas que, en lugar de velar por el bienestar de los niños puestos a su cargo, se convierten en agresores.