BONAO, Monseñor Nouel.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monseñor Nouel impuso un año de prisión preventiva a cinco hombres, acusados de sabotaje contra la seguridad del sistema energético nacional, al derribar una torre de la Autopista Eléctrica del Norte.

Mediante resolución número 00981-2011, la magistrada Elizabeth Amalia López envió a prisión a Abel Almanzar Sirí, Julio Ángel Abad Pérez, Ambiorix Castillo Rodríguez, Carlos Manuel Castillo Rodríguez y Javier Rodríguez Rodríguez, alias El Prieto.

El Procurador Adjunto para el Sistema Eléctrico (PGASE), Moisés Ferrer, informó que los encartados fueron apresados en una metalera propiedad de Abel Almanzar Sirí, donde fueron halladas las barras, tornillos y otros objetos de la Línea 34,5 que va desde el Distrito Nacional hasta Santiago.

El magistrado comentó que el acto de vandalismo sacó de servicio varios circuitos de Santiago, Bonao, La Vega y pudo haber ocasionado un apagón general en todo el país por ese acto vandálico.

Asimismo calificó la acción como un verdadero atentado contra la Seguridad del Sistema Energético Nacional porque violentaron los artículos 124 y 124-1 de la Ley General de Electricidad, la 125-01, que fue modificada por la 186.

Dijo que, como director de PGASE, no descansará hasta lograr una condena ejemplar de diez años de cárcel contra los detenidos y otras personas que surjan durante la investigación que sigue en curso.

Ferrer explicó que la magistrada acogió la solicitud del Ministerio Público atendiendo a que existen suficientes indicios de culpabilidad en contra de los acusados.

Argumentó que el atentado contra la Seguridad del Sistema Energético Nacional es tipificado como un tipo penal que conlleva una pena máxima de 10 años de cárcel.

Por su lado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) pidieron que caiga todo el peso de la ley sobre los imputados.

“Constituye una inconcebible falta de conciencia ciudadana que una obra eléctrica sin precedentes –que costó a los dominicanos 120 millones de euros- sea atacada por vándalos para vender las piezas de acero a talleres metaleros que deberían ser clausurados”, proclamó la CDEEE.

Por su lado, ETED definió el hecho como un acto de terrorismo, que debería merecer un drástico castigo de parte  de la justicia.