Tres importantes funcionarios españoles, entre ellos la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, llegarán próximamente al país. Dos de ellos para participar en un seminario sobre los procesos de modernización de los sistemas de partidos políticos en la República Dominicana, trascendió ayer.

Fernández de la Vega y  la  secretaria de Cooperación Internacional de España, Leira Pajin, estarán en el país entre el 4 y  8 de agosto, cuando se tiene previsto el desarrollo del seminario de Apoyo a la modernización y desarrollo de partidos políticos.

Se trata de un evento que es auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuya apertura está programada para el 4 de agosto.

Se informó que la primera vicepresidenta del gobierno español tiene previsto pronunciar el discurso de clausura del evento.

Habrá un fondo para financiar ese proceso de modernización de los partidos políticos dominicano que básicamente será alimentado por la Agencia Española de Cooperación Internacional a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Un tercer funcionario español, Diego López Garrido, representante de España ante el organismo de la Unión Europea que se encarga del tema de las migraciones, estará en el país el 24 de este mes para dictar una conferencia a los jueces dominicanos en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago (PUCMM), supo este diario.

López Garrido fue definido por fuentes gubernamentales como un funcionario clave en todo el tema de las directivas para el retorno que está aplicando España a fin de reducir la presencia de inmigrantes en su territorio, agregaron las fuentes.

“Pensamos y así nos lo ha hecho saber que estará abierto a preguntas sobre este tema que tanto inquieta no sólo a la República Dominicana, sino al resto de los países de la región con una gran colonia en España”, dijo una de las fuentes consultadas por este diario.

España y otras naciones europeas pondrían en marcha  normas  que incluyen el arresto y posterior repatriación de inmigrantes ilegales, así como mecanismos para estimular la salida pacífica y acordada del país  de  los legales, los cuales recibirían incentivos económicos.