El gobierno pagó 150 millones de dólares a finales del 2002 a los productores privados independientes o Ipp’s por concepto de «costos hundidos» para cambiar los contratos, sin que hasta la fecha el país se haya beneficiado con la reducción prometida en los precios prometidos para la generación eléctrica.

Los negociadores del gobierno convencieron al presidente Hipólito Mejía de que con 105 millones de dólares para pagos de costos hundidos, ellos resolverían el problema de los contratos con los Ipp’s, y lograban una reducción inmediata de los precios de la generación.

El presidente Mejía, dijo que si ese era el problema, el lo resolvía, y puso a disposición de los negociadores los 105 millones de dólares.

Durante esos días la población dominicana presenció a los negociadores del gobierno y a los representantes de los Ipp’s embarcarse en largas negociaciones, al final de las cuales se anunciaba la buena nueva de que gobierno había llegado a un acuerdo con algún Ipp, mediante el gobierno les pagaba unos derechos adquiridos para traspasar su contrato al mercado mayorista y, de esta manera, lograr una reducción en los precios de la generación.

Los contratos con los Ipp’s establecían precios de entre 8 y 10 centavos de dólares el kilovatio para la generación, y con el traspaso de la energía producida por ellos al mercado mayorista se esperaba que esos precios bajaran entre 6 y 7 centavos de dólar.

El proceso de negociación culminó, pero en vez de los 105 millones de dólares, hubo que buscar 45 millones adicionales, lo cual elevó la suma a 150 millones de dólares.

Sin embargo, un año después del gobierno haber pagado la señalada suma a los Ipp’s por algo tan intangible como cuestionable y de una definición no menos transparente, como es la de «costos hundidos», el país sigue pagando los mismos precios de generación que establecían los contratos por cuya modificación se pagaron 150 millones de dólares.

¿Qué ha pasado?

Lo que pasó fue que después del gobierno haber renegociado con los Ipp’s, éstos le reclamaron como condición para que entraran en vigencia los nuevos contratos el pago de unos 360 millones de dólares en atrasos por concepto de suministro de energía.

Esto ha impedido que los nuevos contratos comienzan a aplicarse y, en consecuencia, los precios que cobran los Ipp’s por la energía servida siguen siendo los mismos que los vigentes antes de que el gobierno les pagara los 150 millones de dólares por costos hundidos.

Por esa razón hay quienes sostienen que la negociación de esos contratos sólo fue positiva para los negociadores del gobierno, que la vendieron como una gran solución para el sector eléctrico, y para los Ipp’s, que cobraron 150 millones de dólares por los cambios contractuales.

Esto al margen de los cuestionamientos que han hecho algunos a esas negociaciones, en el entendido de que muchos de esos contratos eran ilegales porque ya estaban vencidos, y que los pocos que seguían vigentes, estaban por vencerse.

También hay quienes entendían que debió exigirse una revisión de los costos operativos de los Ipp’s porque entendían que estaban abultados hasta en 3 centavos de dólar por kilovatio.