La comisión senatorial que revisa el nuevo proyecto de ley de migración preparado en el 2003 por la Cancillería de hecho ha producido una nueva propuesta, que riñe en su enfoque y contenido con la propuesta inicial. Según entiendo, el pleno del senado ya ha probado el proyecto en primera lectura y se propone aprobarlo en una segunda lectura.

Lo que sigue es quizás un grito, una voz solitaria en el desierto de las ideas dominicanas para que se detenga este absurdo proceso y se vuelva a la sensatez del debate sereno y la toma de decisiones no precipitadas en tan importante asunto.

Una lectura atenta de la propuesta de la comisión senatorial permite reconocer por lo pronto varias críticas:

1. El texto reintroduce una serie de artículos y puntos de vista del proyecto del año 2000, asumiendo así su enfoque policial. En esa propuesta la cuestión migratoria se orientaba esencialmente a los problemas derivados de la inmigración laboral haitiana. Esto significa, pues, un retroceso político, jurídico y de política de desarrollo.

2. El proyecto desconoce la necesidad de que una ley de migración moderna debe asumir el fenómeno migratorio como parte de un proceso más general de desarrollo nacional e inserción en la escena mundial y que por ello demanda de controles estrictos en el marco de la soberanía del estado nación dominicano, al igual que del respeto a los derechos de los sujetos migratorios, sean estos inmigrantes al estado nación dominicano, o emigrantes dominicanos a otros estados nación, para lo cual, respetando la soberanía de dichos estados, el estado dominicano está en la obligación de defender a sus emigrados.

3. La propuesta senatorial asume un enfoque donde la inmigración laboral prácticamente se asume como inmigración de trabajadores temporeros haitianos ilegales. Esta inmigración, con ser la más numerosa y que a todas luces tiene que ser controlada y frenada, no debe restringir el esfuerzo legislativo. De lo que se trata es de regular y controlar todo proceso inmigratorio. Por lo demás, la propuesta senatorial descuida la cuestión emigratoria.

4. La propuesta desconoce o malentiende el sentido general del enfoque que planteaba la propuesta de Cancillería del 2003 en el asunto del trabajo temporero. En esa propuesta se asumía un modelo de estricta regulación y control inmigratorio del trabajador temporero, exigiendo alguna modalidad de visado para su ingreso al país, que en todos los casos (incluida la inmigración de contingentes) debía ser de carácter individual. Con esto se apuntaba a resolver tres asuntos claves: el estricto control de la entrada y la salida, el respeto a los derechos humanos, el ingreso del trabajador temporero en un esquema funcional de acuerdo a necesidades concretas de la economía dominicana.

5. Se puede argumentar que la ley de visado no contempla otorgar visa a los trabajadores temporeros. Este es precisamente uno de los textos de ley que deben reformarse para adecuar nuestra legislación a los tiempos modernos. Bajo la dictadura trujillista ese enfoque predominó por el carácter de inmigración de contingentes de los jornaleros haitianos y por la clara violación a sus derechos de que eran víctimas. Modernamente la exigencia de documentación demandaría de un esquema consular más dinámico, transparente y eficiente: ese es uno de los retos que una nueva legislación debe enfrentar.

6. El proyecto oscurece el manejo del asunto de los derechos humanos, sobre todo el de la garantía al derecho al debido proceso, retrotrayendo el enfoque de la ley a un modelo ya superado a nivel internacional, incluso en el país entre sectores sociales que al discutir durante más de un año estos asuntos lograron alcanzar un consenso que permitía: reconocer la necesidad de garantizar al inmigrante el derecho al debido proceso, explicitar el apego a los derechos humanos y definir una vía de aplicación de ambos elementos según la condición de legalidad del inmigrante. En la propuesta del senado este enfoque desaparece. Por lo demás, el texto trata de resolver asuntos de orden constitucional que deben ser objeto de reformas a la carta magna, no de leyes sustantivas: nos referidos a la intención de limitar los derechos de los hijos de extranjeros nacidos en el país.

7. El texto del senado pretende involucrar al congreso de la república en el diseño y aplicación de políticas públicas que son de estricto derecho y obligación del poder ejecutivo. Con ello se violan preceptos constitucionales, respecto a la independencia de los poderes del estado, desconociéndose las implicaciones de tres asuntos claves: a) la diferencia entre ámbitos de diseño y de aplicación de políticas migratorias, b) la necesidad de integrar las diversas instancias del poder ejecutivo que intervienen en este proceso y c) la necesidad de asegurar un modelo institucional donde los que son responsables de la aplicación de la política migratoria no deben ser quienes controlen su diseño.

8. En el proyecto senatorial no se comprende la idea y función del Consejo Nacional de Migración y el Instituto Nacional de Migración, siendo este último sustituido en la práctica por la Secretaría de Estado de trabajo.

9. La comisión del senado no comprende en su proyecto que un país como la República Dominicana, de alta inmigración y emigración, debe asegurar la defensa de los derechos humanos de los emigrantes nacionales y respetar los derechos de los inmigrantes extranjeros. Debemos ser coherentes en las regulaciones de la inmigración como de la emigración, de la salida como de la entrada, en la sanción a la violación a la ley, tras la inmigración o la emigración de ilegales.

10. En el proyecto hay errores formales, como confundir «regularizar» con «regular», que confunde los requisitos y condiciones reguladoras de todo proceso inmigratorio, con las propias de las evidentes necesidades que tiene el país de regularizar la situación de miles de inmigrantes haitianos. Hay errores de concepto: limitar las formas delictivas de asociación inconstitucional reñidas con el orden democrático a las organizaciones terroristas, traería serios problemas de interpretación al aplicar la ley a quienes pretendan precisamente subvertir el orden democrático en el país.

Estamos a tiempo de detener la aprobación de una propuesta de ley incoherente, cargada de errores y que a todas luces significa un retroceso para la modernización de nuestro obsoleto sistema migratorio. Lo expuesto sólo aspira a contribuir a un debate nacional riguroso, que ayude a producir una legislación migratoria moderna y nos evite un verdadero desatino nacional.