Los  distintos gobiernos que han dirigido el Estado dominicano le han dado continuidad y prevalencia a algunas de las estrategias utilizadas en la dictadura trujillista para enfrentar las críticas y los movimientos sociales como son el uso de la intimidación, difamación, persecución y espionaje.

Estas estrategias utilizadas en un Estado que se define democrático como el nuestro resultan altamente contradictorias.

El proceso de protestas y movilizaciones continuas en los últimos cuatro meses con un impacto significativo en la vida social de nuestro país se ha convertido en un referente internacional y nacional. Muestra una ciudadanía en proceso de empoderamiento que rechaza en forma contundente y sin violencia (como bien señala Miguel Ceara en un artículo anterior) el ejercicio de  la corrupción y  la ejecución de la reforma fiscal.

El gobierno actual presidido por el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana no ha sido receptivo a las demandas del movimiento social sino que por el contrario se ha manejado en forma ambivalente. Por un lado la indiferencia y silencio del mandatario y por el otro prácticas de espionaje y persecución hacia intelectuales, comunicadores/as sociales y dirigentes juveniles desde funcionarios de gobierno y dirigentes del PLD.

En el gobierno anterior presidido por Leonel Fernández se escenificaron situaciones de persecución y agresiones verbales contra varios/as periodistas (Nuria Piera, Alicia Ortega, Marino Zapete, Miguel Guerrero, Juan Bolívar Díaz, y otros…). Hoy se mantienen estas prácticas para algunos casos mencionados y se le agregan otros. Uno de ellos es la actitud agresiva y difamatoria del periodista y funcionario del gobierno en Relaciones Exteriores, César Medina contra la politóloga Olaya Dotel, que ha sido víctima de difamación, persecución y espionaje por él. El funcionario reconoció públicamente el manejo de informaciones privadas  ofrecidas por organismos de inteligencia.

La situación contra Olaya se suma a otras persecuciones que se realizan contra la periodista Sara Pérez, dirigentes juveniles y otras personas vinculadas a los movimientos de protestas.

El manejo de la protesta como “delito” con la persecución, intimidación y espionaje de sus organizadores, así como la cancelación de empleados/as públicos/as que participan en las movilizaciones es una grave violación de la Constitución de la República y las leyes.

Estas violaciones de los derechos y de la Constitución ensombrecen al gobierno de Danilo Medina, contradiciendo su discurso democrático y de respeto al estado de derecho. Las actuaciones de los funcionarios de gobierno, organismos policiales y de inteligencia recaen bajo la instancia suprema de poder de la nación que es la Presidencia de la República.