Yo no sé si los magistrados jueces de la Junta Central Electoral se dan cuenta de cuan baja está la confianza en ellos y cuanto temor hay en amplios sectores de la vida nacional porque las elecciones del año que viene no sean todo lo limpia y transparente que se desea y que conviene al proceso democrático.

A decir verdad, la forma como los jueces electorales fueron escogidos y toda la amplificada discusión que se registró en el país alrededor del tema, dejó como consecuencia una merma en la confianza mínima con que debió nacer la nueva Junta, por así decirlo.

Es verdad que el organismo perdió mucha de la credibilidad ganada durante las gestiones de los doctores César Estrella Sahdalá y Juan Sully Bonnelly al final de la presidencia del doctor Morel Cerda, pero se esperaba que después de las duras discusiones que siguieron al reparto feudal que hicieron el perredeismo y el pepehachismo los magistraron se embarcaran en una gran tarea de recuperación de la imagen perdida.

Pero no hay señales que permitan pensar que fue así. Persisten todavía denuncias sobre la existencia de nepotismo y de amiguismo y hay quienes afirman, además, que personas muy cercanas al gobierno han logrado poner parientes biológicos y políticos en posiciones claves y hasta en negocios importantes.

Es una pena que así sea, porque la Junta Central Electoral era una de esas áreas imprescindibles para el fortalecimiento democrático del país que sectores intelectuales y políticos estimaban que ya estaba fuera del alcance del maniobrerismo político. Se pensaba que el liderazgo partidario había dejado atrás aquella apreciación según la cual las elecciones se ganan en la sede de la JCE.

La cuestión clave está en que la gente tiene la percepción de que la Junta está siendo manejada por quienes dentro de la administración del Presidente Mejía buscan la repostulación y reelección de éste. Más todavía: lo que se escuela en los pasillos de la política vernácula es que la mayoría de los jueces que se ubican dentro de la corriente del Partido Revolucionario Dominicano responde a los lineamientos del pepehachismo.

Los magistrados de la Junta Central Electoral, quienes seguro que quieren hacer el mejor de los trabajos posibles, tienen que caer en la cuenta de que para ellos es de importancia capital en estos momentos convencer a la población, sobre todo a la población votante, de que son jueces confiables, que para ellos la política partidaria está en un segundo plano, y cosas similares.

Pero estas son cosas que no se logran con palabras y retóricas, sino con hechos. Con hechos que despejen todas las dudas que puedan tenerse por el origen de los nombramientos actuales y por actuaciones que, como la del plebiscito del Partido Revolucionario Dominicano, permitieron ver resquicios de una conducta que hacen pensar en la parcialidad.

Todos sabemos que para estos magistrados la situación no es cómoda. La división que sacude a dos de las tres grandes fuerzas partidarias y los intentos del Presidente de la República de mantenerse en el poder por medio de la reelección, crean un ambiente electoral enrarecido y de presión, que busca crear condiciones favorables a los que se sienten poseedores del poder.

Pero esta es la realidad que les ha tocado y con ella tienen que lidiar noche y día, sin apartarse de la ley y sin tomar en cuenta posiciones políticas, ideológicas o partidarias. Como muy bien ha dicho recientemente el magistrado Ramos, un juez solo debe llevarse de los hechos y el Derecho.

Por lo demás, todos los ojos del país y muchos del exterior están y estarán sobre la Junta Central Electoral en su conjunto y sobre cada uno de los jueces y funcionarios en particular. Porque los ciudadanos y las ciudadanas y las entidades que los representan no pueden renunciar a tener unas elecciones libres y limpias, bien administradas y bien juzgadas.

Es claro que la elección de jueces con vínculos partidarios y en representación de partidos ha sido un retroceso en materia política y en materia de elecciones. También lo ha sido llevar a profesionales con nexos políticos o similares a funciones importantes de la Junta Central Electoral. Por lo tanto, la sociedad tiene que crear mecanismos que la protejan de eventuales actos electorales que estén marcados por los intereses partidarios o por vínculos con determinados candidatos.

Esperamos que en este esfuerzo los jueces electorales caminen en primera fila. Aunque parezca una paradoja, ellos pueden hacerlo. Por su futuro profesional y por el futuro político de la nación.