POR CLAUDIO CABRERA
La exigencia de sectores industriales que abogan porque el gobierno emprenda una nueva reforma fiscal de mucho más alcances que la asumida al final del pasado 2004, tanto en lo referente a recaudaciones como a apego a principios de equidad social, ha vuelto a barajar un tema controversial acordado por las autoridades con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Carta de Intenciones, para lo cual las autoridades iniciaron estudios de levantamiento de datos que permitirán presentar un borrador al organismo en junio de este año.

Esa nueva plataforma descansará sobre tres importantes factores, entre los que destaca la necesidad de guiar los cambios en el sistema tributario dominicano, en función de un significativo incremento en los ingresos tributarios, para cumplir con las metas de desarrollo del milenio.

El compromiso implicará un significativo aumento de la presión tributaria, aún con los instrumentos de recaudación disponibles, desde un 15% hasta un 20%.

En segundo lugar, resalta el principio de equidad, por lo cual se plantea que ningún nuevo paquete impositivo debe empeorar la distribución del ingreso.

Y en tercer orden, destaca el objetivo de competitividad, cuya finalidad consiste en aliviar la carga impositiva a los productores y transferirla al ingreso y a la riqueza por vía del consumo.

Para elaborar el primer escenario que el gobierno deberá estudiar previo a presentarlo ante el FMI, técnicos del Secretariado Técnico de la Presidencia, de la Secretaría de Finanzas y del Banco Central trabajan con miras a establecer una reingeniería para reducir la evasión fiscal, al tiempo que se corrigen distorsiones creadas por las diferencias entre la carga impositiva real y la nominal.

En tal sentido, las autoridades se plantean no crear nuevas figuras impositivas, sino elaborar el borrador sobre la base de los gravámenes ya establecidos y por mejorar, que son el ITBIS, el Impuesto Sobre la Renta (ISR), los Impuestos Selectivos al Consumo (ISC), así como a la Propiedad Inmobiliaria.

Aún cuando dicho estudio fuese presentado a junio de este año, cualquier cambio en el sistema no sería adoptado por las autoridades, sino con posterioridad a mayo del 2006, de acuerdo el interés gubernamental.

LA REFORMA A LA VISTA

La apremiante necesidad de apuntalar los instrumentos de recaudación sobrevino luego que tras la última reforma al final del 2004, el gobierno estimó necesario completar una segunda ronda en vista de que muchos analistas, economistas y críticos de la reforma predijeron que con los cambios no se lograrían niveles de recaudación suficientes para colmar las arcas del Estado y poder cumplir con varios de los compromisos concertados.

Entre los gastos más urgentes de la administración figuran los aumentos de fondos para disponer los pagos de la deuda externa, ya que fruto de la devaluación es preciso recoger más pesos para una deuda que ahora resulta muy aumentada. Tan sólo para este año 2005, el gobierno deberá pagar, por concepto del servicio de la deuda externa, el equivalente al 9.1% del Producto Bruto Interno (PBI), en tanto que cerca del 30% del presupuesto público del año en curso será destinado a estos compromisos ineludibles.

Mientras tanto, el déficit público sigue constriñendo las disponibilidades del gobierno, en vista de que el acuerdo con el FMI constriñe las emisiones y el flujo de pagos en que deben incurrir las autoridades para atender demandas de varios sectores.

Dada esta situación, ha bajado considerablemente el gasto público de capital, en tanto una brecha financiera de más de RD$9,000 millones persiste como déficit acumulado.

A esto se añade el elevado costo de la factura petrolera en dólares, lo cual obliga a las autoridades a disponer de divisas, que aunque son generadas por las actividades económicas, dejan de satisfacer la demanda de sectores alternativos.

De hecho, el tiempo ha dado la razón a quienes aseguraban que la reforma fiscal se quedaría «corta», no obstante que el propio gobierno, a través del Presidente de la República, Leonel Fernández, pidió ser cautelosos con la anterior reforma a fin de que fuese aplicada con gradualidad, incluso, no descartando una readecuación fiscal para el futuro a corto plazo.

El hecho mismo de que no se discutiera no emprender la nueva reforma, hasta ahora fue el producto que considera su posposición de la agenda gubernamental para este año y desplazarla para mediados de este año, aunque se llegue a aplicar en el 2006.

«CUESTA ABAJO»

En el ánimo de los industriales que esta semana acudieron a motivar la Tercera Consulta de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado, donde se analizan las implicaciones económicas del acuerdo de acercamiento del país con el Cafta, para el sector productivo dominicano, se plantearon serias incertidumbres que entre otras cuestiones, deben ser saneadas mediante una reforma fiscal.

El documento «Por una Equidad Fiscal, Propuestas del Sector Industrial», sostiene que «existiendo un compromiso inminente para ratificar la incorporación de República Dominicana al DR-CAFTA, el sector industrial advierte que todavía no se han creado las condiciones con los países firmantes, por lo que corremos el riesgo de conducir voluntariamente al país y a sus sectores productivos a un despeñadero económico».

Expone que estas preocupaciones surgen «debido a la existencia de trabas que crean graves condiciones de desigualdad frente a nuestros socios comerciales».

En tal sentido, pide ajustar la actual estructura fiscal «para igualar nuestras condiciones» con los países con los que República Dominicana desea tener libre comercio.

Dentro de este orden, se propone el desmonte de varios gravámenes que afectan las importaciones de insumos, maquinarias y materias primas a las industrias, lo cual conlleva reducciones de aranceles en el rango de tres categorías preseleccionadas.

LO QUE DIJO EL «STAND BY»

Aunque el gobierno formalmente no ha emprendido dicha reforma, en el borrador del «Programa Económico de la República Dominicana 2005-2006», que recoge los principales convenios con el FMI para el Acuerdo «Stand By» negociado por dos años, se indica que el objetivo consiste en «consolidar aún más la posición fiscal para el 2006».

«El Gobierno desarrollará -sostiene el Programa Económico con el Fondo Monetario-, con la asistencia técnica del FMI, los detalles de un paquete de reforma tributaria para marzo de 2005, y para junio de 2005 acordará una estrategia para su implementación, que podría ser adelantada dependiendo de la fecha de la aprobación del CAFTA».

Resalta que el mejoramiento de la posición fiscal será respaldado por reformas en la política impositiva, la administración de ingresos, la gestión de gastos públicos y el manejo de la deuda.

Para formular estas políticas, según lo expresado en el documento original, el presidente Leonel Fernández había creado hace poco un consejo económico de alto nivel, llamado Gabinete de Coordinación Económica, encabezado por el secretario Técnico de la Presidencia, «con claras responsabilidades en cuanto a todas las decisiones sobre política económica».

Sostiene que en vista de la necesidad de compensar las pérdidas de ingresos asociados a la implementación eventual del CAFTA y la reducción gradual del impuesto a la comisión cambiaria y a las transacciones financieras, que empezará en enero del 2006, el gobierno está comprometido con una reforma tributaria, cuidadosamente secuenciada, dirigida a simplificar el sistema tributario y a ampliar la base impositiva, que fortalecerá los ingresos a mediano plazo.

La decisión de poner en vigor medidas para vigorizar la posición fiscal del gobierno, implica acuerdos específicos entre las autoridades económicas y el Fondo Monetario.