POR GERMAN MARTE
El ex canciller Hugo Tolentino Dipp afirmó ayer que carece de validez el acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana mediante el cual el país renuncia al derecho de acusar a soldados o ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI) aún cuando cometan crímenes de lesa humanidad.

Mientras que el actual secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, justificó la decisión aduciendo que gracias a este convenio el país volverá a recibir ayuda militar estadounidense. Agregó que casi el 90% del comercio dominicano se realiza con Estados Unidos.

En tanto que los dirigentes de izquierda Ramón Almánzar, del Partido Nueva Alternativa, y Manuel Salazar, del Partido Comunista del Trabajo, calificaron la decisión del gobierno dominicano como una expresión propia de una república “lacaya”.

“Eso es un disparate, una tontería. Eso no tiene para mí ninguna validez”, expresó Tolentino Dipp, y aseguró que si el caso se lleva ante la Corte Penal Internacional “eso se cae”.

Al ser consultado por HOY, Tolentino Dipp aclaró que el acuerdo en cuestión se firmó durante la gestión del presidente Hipólito Mejía, cuando él ocupaba la posición de canciller. Indicó que se opuso a este acuerdo y fue precisamente el presidente Mejía quien lo suscribió.

Ayer, este diario publicó una información fechada en Washington dando cuenta de la decisión del presidente George W. Bush de dejar sin efecto la prohibición de ayuda militar a República Dominicana después de un acuerdo bilateral para evitar que la Corte Internacional de Justicia Criminal juzgue a personal estadounidense en territorio dominicano.

Tolentino Dipp, dirigente perredeísta e historiador, manifestó que se opone a este tipo de acuerdo por razones morales y de principios, “a mí me lo llevó el embajador norteamericano y yo me negué a firmarlo”. El ex canciller recordó que tanto Estados Unidos como República Dominicana son signatarios de un convenio multilateral firmado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se creó la Corte Penal Internacional.  En virtud de ese acuerdo, explicó Tolentino Dipp, si el culpable de un genocidio se encuentra en la República Dominicana, el país tiene derecho a llevarlo ante la Corte Penal Internacional.

Manifestó que ni Estados Unidos ni la República Dominicana pueden violentar un tratado internacional que ya han firmado.

Señaló que los estadounidenses “para evitar que sus ciudadanos sean traducidos ante el Tribunal Penal Internacional por cualquier país donde se encuentren o donde cometan hechos de esa naturaleza, le pidieron a muchos países que firmaran un convenio aboliendo entre ese país y los Estados Unidos esa disposición”.

Dijo que República Dominicana fue uno de los países a los que Estados Unidos les hizo la propuesta de que se abstuviera de someter  ante la Corte Penal Internacional a un soldado o cualquier criminal estadounidense que cometiera un delito contra la humanidad.

Pero los convenios bilaterales que han sido firmados por Estados Unidos y algunos países para no aplicar determinadas disposiciones del Código Penal Internacional se caerían mediante una apelación ante la Corte Internacional de Justicia, afirmó Tolentino Dipp.

Con estos convenios, dijo, lo que persigue Estados Unidos es tener las manos libres para actuar, y afirmó “con respecto al terrorismo tienen una serie de teorías que son bastante dudosas desde el punto de vista moral y le han otorgado a funcionarios y agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) para actuar de manera indiscriminada. Es el problema que ellos tienen con el terrorismo lo que explica que ellos tomen medidas contra el terrorismo, pero las medidas que violentan los derechos humanos no pueden sobreponerse a ningún tipo de seguridad nacional”.

IZQUIERDA CONDENA

Almánzar, presidente del Partido Nueva Alternativa, y Salazar, del Partido Comunista del Trabajo (PCT) condenaron el acuerdo y calificaron la decisión como  “irresponsabilidad” de los gobiernos estadounidenses, que trasluce la idea que tienen de ellos están por encima del resto de la humanidad.

Salazar afirmó que la decisión del gobierno de Leonel Fernández de ratificar lo convenido que firmó Hipólito Mejía no es más que la expresión de la conducta “cipaya”  que ha caracterizado a los gobiernos “que hemos padecido”.

Sostuvo que con este acuerdo el gobierno dominicano está renunciando a un ejercicio de soberanía, al derecho que tiene como Estado de condenar a todo aquel que inflija las leyes, que cometa crímenes en el país.

“No es de extrañar, pues que hace algunos días la República Dominicana haya sido inscrita en una lista de estados fallidos, que son los estados que no pueden garantizar nada, que no pueden garantizar su seguridad, ni su soberanía, y esta decisión del gobierno viene a confirmar eso”.

“Tenemos una república lacaya” que no corresponde al interés de la nación de la cual es el órgano político y como tal ha fracasado y tiene que ser superado, dijo Salazar.

En tanto que Almánzar considera que este acuerdo es como darles un cheque en blanco a los norteamericanos para que se crean los superhombres, los gendarmes del mundo, y que pueden ofender, atacar y cometer crímenes y efectivamente quedar impunes.

Y eso, en su opinión, es contrario a las aspiraciones de igualdad de la humanidad y que todo pueblo independiente debe sostener.

Tras condenar la decisión del gobierno, el presidente del PNA pidió que el acuerdo sea revisado, porque no tiene ningún asidero legal.

Indicó que por principio constitucional, en el país todo el que comete un delito debe ir ante los tribunales.