La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) vigila el cumplimiento del Código de Pautas Éticas que firmaron los funcionarios de alto nivel, según la disposición del Presidente de la República.

Miguel Suazo, director ejecutivo de la DIGEIG, informó que las Comisiones de Ética Pública de las Instituciones contribuyen al fortalecimiento de la transparencia en el Estado, debido a que tienen la responsabilidad de promover los valores éticos, vigilar el cumplimiento del Código de Pautas Ética de sus funcionarios y empoderar a la DIGEIG de cualquier incumplimiento del mismo.

También de velar por el desempeño del Código de Ética y garantizar el acceso a la información.

Suazo habló luego de la juramentación de la Comisión de Ética Pública (CEP) del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) encabezada por Pedro Corporán, presidente administrador del IDECOOP; Veronica Guzman, encargada del departamento de seguimiento a las Comisiones de Ética Pública de la DIGEIG y Rafael Basora, director de Promoción de Ética e Integridad. 

Los  juramentados en el acto fueron  José Mieses, coordinador de la CEP del IDECOOP; José Luciano, Urka Ines Guante, Martin Suero, Jesús Merán, Massiel Nuñez Gonel, Ramón Soto, Maria Marte, Pedro Ramírez Brito y Vivian Montas.

Pedro Corporán, presidente administrador del IDECOOP, destacó la importancia de esta herramienta que busca el  fortalecimiento y fomento de los valores éticos y la transparencia en su gestión.

Corporán resaltó el trabajo arduo que se ha estado realizando desde el Estado para fortalecer la conducta ética y las buenas acciones de los servidores públicos.

Del mismo modo, José Mieses, coordinador de la Comisión de Ética Pública del IDECOOP indicó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo está trabajando a través de distintas leyes en la promoción  de la ética en dicha Institución.

Miguel Suazo, director ejecutivo de la DIGEIG destacó que la transparencia en la gestión pública es un deber y una obligación debido a que existen leyes que lo demandan como son la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Informacion Pública, La ley 340-06 de Compra y Contrataciones Públicas, La Ley 41-08 sobre Función Pública, entre otras.