Por MARIO MÉNDEZ
La historia jurídica del país sería digitalizada antes de que finalice el presente año, para que el público tenga acceso a ella y se fortalezca la seguridad jurídica en el país. Así lo informó el doctor Gustavo Osvaldo Béliz, consultor internacional, quien trabaja en la elaboración de u plan estratégico para convertir a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en una unidad modelo para un nuevo paradigma de Estado inteligente.

En una entrevista concedida al editor económico de Hoy, el doctor Béliz también informó que el plan estratégico incluye agilizar una serie de trámites que realizan los ciudadanos en el orden jurídico y crear un cuerpo de abogados que defienda al Estado en los tribunales de arbitraje.

A continuación el texto de la entrevista al doctor Béliz:

Mario Méndez: Para usted, ¿ha sido la corrupción un factor que ha afectado negativamente el crecimiento económico y el nivel de bienestar de la población?

Gustavo Osvaldo Béliz: Yo he trabajo mucho en estudiar el fenómeno de la corrupción y la necesidad de la transparencia institucional. Sobre todo es un asunto de equidad, más que de crecimiento.

Los fenómenos de la corrupción ponen en tela de juicio la justicia social.

Por eso es tan importante asegurar la transparencia de las instituciones y la seguridad jurídica.

MM: La corrupción es un fenómeno mundial, pero está más acentuada en algunas regiones, entre ellas América Latina. ¿Por qué estas diferencias?

GOB: Yo creo que el problema está en la respuesta que se le da al problema.

Alguien calificó la corrupción como el SIDA de la democracia porque afecta los valores constitutivos de la democracia y genera una especie de epidemia.

Una cosa es que haya corrupción en una sociedad y otra que haya impunidad. Es la gran diferencia.

La corrupción es un riesgo propio de la condición humana. Lo que pasa es que las respuestas institucionales de la sociedad son diferentes.

MM: ¿Cuáles son los elementos que hacen que en los países latinoamericanos se sea menos severo contra los actos de corrupción?

GOB: En algunas ocasiones, la falta de tradición democrática; la vulneración del Estado de Derecho; la falta de división de poderes, y un aspecto muy importante que yo siempre menciona en la República Dominicana, y el actual gobierno es ejemplar en lo que ha hecho, es la aprobación de la ley de acceso público al derecho de la información. La República Dominicana tiene una ley modelo, que posiciona al país para un avance en la transparencia y para luchar contra la corrupción.

El acceso a la información pública tiene muchísimo que ver con el rol de la Consultoría Jurídica, y de ahí es tan importante el compromiso que ha demostrado el doctor César Pina Toribio para avanzar en este plan estratégico que estamos elaborando.

MM: ¿Cuál es ese plan estratégico?

GOB: En la medida en que haya un acceso a las decisiones jurídicas del Estado, hay un conocimiento de las normas, de las leyes, de los decretos, de los reglamentos, se refuerza la seguridad jurídica de un país.

En la medida en que se modernice el acceso, como se haría en el marco del proceso PRO-REFORMA del BID y del secretariado técnico de la Presidencia y de la Consultoría Jurídica, que va a digitalizar todas las normas, no sólo actuales sino anterior a partir del año 1844.

La historia jurídica del país a ser digitalizada. Esa historia jurídica está impresa en papel, lo cual representa un riesgo físico.

Aparte de asegurar eso para que no le pase nada, se va a asegurar el acceso para que la gente la conozca.

Esto consolida la seguridad jurídica, porque cuando se presente una situación litigiosa, es muy importante conocer la normativa.

MM: ¿En el proyecto que usted va a trabajar es en la digitalización de la historia jurídica del país?

GOB: No; uno de los componentes del plan estratégico es toda la digitalización.

Yo estoy trabajando en el plan general estratégico, que después va a tener desarrollos parciales o particulares, como éste.

MM: ¿Qué otros componentes?

GOB: Simplificar procedimientos internos para asegurar que los trámites que cumple el ciudadano se haga más rápido.

Uno de los temas que surgió en los talles y que es particular preocupación del Doctor Pina Toribio tiene que ver con la cantidad muy importante de trámites que terminan con la firma del Presidente y que muchas veces involucran decisiones que impactan muy fuertemente en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el exequátar para el tema de los títulos habilitantes profesionales. Aquí tu va a la universidad y obtiene un título que requiere después una firma del Presidente para el ejercicio profesional.

Los temas de nacionalizaciones, de cambios de nombres, de autorización de pensiones, que también después de una vida de trabajar hay que ir a buscar la firma del Presidente para obtener una pensión.

Todo eso forma parte del estudio que estamos realizando en el marco del plan estratégico y de las cuestiones que han surgido como necesidad de agilizarse, modernizarse y trabajar en conjunto con las otras áreas.

En el proyecto PRO-REFORMA también hay todo un trabajo que se va a ser en materia de servicios públicos y de los trámites que podrían agilizarse.

Tercer punto del plan estratégico, muy importante: la necesidad de consolidar un cuerpo de abogados del Estado que esté capacitado correctamente, de alguna manera coordinado, que pueda defender al Estado en juicio y hacer presentaciones de defensa o de acción del Estado cuando se sienta dañado en su interés, o con fin preventivo para que los actos jurídicos del Estado no tengan consecuencias negativas desde el punto de vista económico, porque el Estado sea demandado o tenga problemas con contratos que se suscriben.

MM: ¿En qué tiempo debe ejecutarse el plan estratégico?

GOB: El plan estratégico lo vamos a dejar listo el fin de mes. Después va a venir el plan operativo, con las metas específicas y concretas.

Antes de fin de año esperamos que todo esté digitalizado.

MM: El país ha firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. ¿En qué medida esto ayuda o desayuda para que la República Dominicana cumpla con los acuerdos asumidos en términos institucionales y de transparencia de la gestión pública?

GOB: Ese tema es muy importante y lo hemos trabajado mucho en los talleres, porque la firma del DR-CAFTA va a implicar un cambio, desde el punto de vista jurídico, muy grande para el país.

Por ejemplo, muchos diferendos se van a dirimir en un tribunal arbitral, regional, que va a tener otras características y que va a requerir que los abogados del Estado se formen para esa nueva realidad.

Uno de los puntos muy importantes que surgió fue, precisamente, la necesidad de formar, capacitar y estructurar un núcleo de abogados del Estado para que estén correctamente unido en las herramientas que va implicar el nuevo marco jurídico del DR-CAFTA.

MM: Esto es urgente, porque se supone que el país entra en el DR-CAFTA a mediados de año y las consecuencias comenzarían a sentirse de inmediato.

GOB: Es uno de los temas que vamos a conversar con el Consultor Jurídico, pero surgió como una prioridad.

MM: El aprovechamiento de los beneficios de un tratado de libre comercio no sólo está en lo que se plasme en el tratado, sino también en el manejo del tratado desde el punto de vista jurídico. Particularmente el manejo de las normas de origen es clave. 

GOB: Particularmente lo que va a implicar es el análisis de lo que tiene ver cuando los conflictos se dirimen en arbitrajes internacionales.

Toda la línea de nueva litis social que enfrentan los Estados modernos tienen que ver más que con tribunales formales, con tribunales arbitrales.

Por ejemplo, Argentina tiene grandes dificultades por no haber previsto consecuencias en esta materia. Es el gran tema de formación y capacitación a los abogados del Estado.