En el ejercicio político, en la puja por el poder, lo ideal sería que la capacidad argumental permita trasvasar hacia la causa propia aquellos votos que han estado a favor de la causa ajena.

Deplorablemente en la práctica, sea por falta de sagacidad de algunos políticos o por lo que fuere, no parece bastar el discurso para lograr este efecto y se recurre entonces a artimañas mercantilistas con las cuales, de primera intención, se devalúa la dignidad del elector cuya integridad física y moral siempre se promete valorar y defender.

La compra de votos, en cualquiera de sus perversos estilos, además de constituir un trato indignante hacia el elector, es en sí misma un pecado que descalifica la intención del político que la practique o auspicie como rutina del ejercicio político. Es una forma de desnudar ante quienes ejercen el voto la demagogia y la mentira del discurso cargado siempre de la promesa de respetar y enaltecer los valores inherentes al individuo.

[b]II[/b]

Por entenderlo así, respaldamos a plenitud la propuesta del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, en el sentido de desarrollar una campaña de concienciación para disuadir la compra y venta de cédulas de identidad y electoral.

Aún en las circunstancias actuales, en que severas limitaciones económicas castigan a la familia dominicana, particularmente las más pobres, la venta de la cédula debe ser considerada como un acto indigno y degradante. En el mismo contexto, todo el que ofrece comprar una cédula para restar ese voto a su adversario está denigrando al votante y desenmascarando su propia causa, poniendo en evidencia su desprecio por la dignidad del votante objeto de la oferta.

En el momento oportuno, sería prudente incluir la compra y venta de documentos de identificación personal como un acto criminal que se presta al fraude y que es un desconocimiento grave de la dignidad humana. Mientras eso se produce, eduquemos para tratar de lograr que cada vez más gente ponga en alto la diognidad, renunciando a la compra y venta de votos.

[b]Fantocherías[/b]

El jefe de la Policía, mayor general Jaime Marte Martínez, ha decidido aplicar aquella parte olvidada de la ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas, que prohíbe a los civiles la exhibición de armas de fuego en centros de diversión y reuniones públicas.

La decisión es oportuna porque en el fragor de la campaña electoral aparecen fantoches que al carecer de dotes para infundir respeto, se dedican a meter miedo por medio de la exhibición de armas de fuego. Es justo que se frene este tipo de ofensa mediante la cual algunos pistoleros tratan de presentar a los demás como a merced de sus bravuconadas.

En realidad, la ley sobre armas contiene disposiciones que deberían ser hechas cumplir permanentemente, sin esperar coyunturas especiales o particulares. La exhibición de un arma de fuego es una provocación que lleva implícita la probabilidad de agresión por parte de quien exhibe el artefacto. Hay quienes se conforman con exhibirlas, pero otros llegan más lejos y en la primera oportunidad las esgrimen para fanfarronear, para meter miedo. Es bueno que se actúe contra esta práctica, pero permanentemente, como manda la ley.