Los abusos en las solicitudes de aplazamiento de audiencias constituyen una retranca al sistema de justicia, que además de dejar pérdidas económicas al Estado lesiona al que va en busca de justicia. Así lo afirma el abogado penalista Rufino Oliver Yan.
Asegura que aunque el otorgamiento de plazos está establecido en el Código Procesal Penal para garantía del derecho de defensa, lo cierto es que se ha venido atropellando los procesos con esta práctica.
Esa permisividad, que sostiene es un derecho cuando cumple con el rigor establecido por la norma, muchos abogados lo han convertido en un relajo.
“Entonces en ese sistema de derecho y de garantía, los abogados se agencian otras acciones de suspensión”, dice el abogado.
De acuerdo al Código Procesal Penal, en su artículo 148, la duración máxima de todo proceso es de tres años, plazo que se empieza a contar a partir del inicio de la investigación. Pero es conocido de procesos que se han extendido por tiempo superior, y no en debates, sino de suspensión en suspensión.
Para ejemplo, el caso denominado Caribair, que vincula al ejecutivo de esta aerolínea, Rafael Rosado Fermín, al comerciante santiaguero Sergio Gómez Díaz y a otros diez a una red de tráfico de droga y lavado de activos. Contra los involucrados, a finales del 2012 se dictó medida de coerción, el expediente fue enviado a juicio de fondo en octubre del 2014.
Desde ese entonces, los imputados, que llegaron al proceso en libertad, se han ausentado de las audiencias, y han cambiado de abogado en reiteradas ocasiones. Aún no han empezado los debates del proceso.
Pero a juicio del jurista, estas acciones en ocasiones son permitidas por los jueces, debido a la sobrecarga de trabajo.
Urgen más tribunales. Este abogado, al igual que el penalista Carlos Balcácer, cree necesario la creación de más tribunales.
Entiende que esta es una de las razones de que audiencias, incluso sin las partes pedir su reenvío, sean pospuesta, porque para el tribunal es imposibles de conocerlas en un día.
Balcácer apunta a la creación de más tribunales unipersonales, de instrucción y colegiados.
Señala el distrito judicial de Santo Domingo, que con mayor densidad, solo cuenta con dos colegiados, a diferencia del Distrito Nacional, que tiene cuatro.
Sin embargo, el problema de la dilación de los procesos va más allá de la carencia de los tribunales y las estrategias de los imputados y sus abogados.
Para el abogado y exfiscal Gregory Castellanos el problema es sistémico, del Código Procesal Penal que está instaurado, que a su juicio es infuncional. Afirma que este ha sido un fracaso donde se ha implementado, porque es un código pro reo, que lejos de disminuir, a contribuido al aumento de la criminalidad.
Jueces han asegurado que un proceso no debería superar el año en los tribunales.