La sombra de un dilema cubre toda la geografía de la República de Honduras donde, el 28 de junio último, los sectores conservadores, regresionistas y opulentos de ese país centroamericano, se valieron de las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente constitucional Manuel (Mel) Zelaya).

Acusaron los sectores retardatarios de las reivindicaciones de todos los hondureños al presidente Zelaya, de intentar modificar la Carta Magna para, mediante una consulta previa, introducir varias reformas, una de ellas, el canon legal para viabilizar la reelección. Y ahí fue Troya.

El presidente Zelaya, un orondo ganadero que no necesita para nada ejercer el poder con fines especulativos enmarcados en la corrupción, simplemente propuso al parecer no vinculante a sus paisanos,  la introducción de las reformas.

Si el presidente Zelaya violaba con pretender consultar a sus conciudadanos se imponía la lógica que los poderes debidamente instituidos, el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría General, dispusieran al unísimo un juicio congresional que determinara si el presidente en realidad violó la Constitución o si simplemente hizo uso de una facultad elemental de consultar a sus paisanos para el propósito referido, pero de ninguna manera irrumpir en su residencia en la madrugada, sacarlo en piyamas, encaramarlo en un helicóptero y remitirlo a San José de Costa Rica, un hecho aborrecible, repudiable y vomitivo.

Ahora el secretario general de la OEA, José Manuel Insulza, intenta convencer al gobierno golpista hondureño que preside de facto Roberto Micheletti, quien fuera el vice de Zelaya, de retornar al carril de la legalidad reinstaurando a Zelaya.

En 1994 el entonces presidente Bill Clinton repuso directo en el poder a Jean Bertrand Aristide en Haití, y esa fórmula, no otra, es la que debe repetir el presidente Barack Obama con el presidente Zelaya, y todos los esfuerzos aledaños no conducirán a nada.