Los buenos dominicanos opuestos a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el registro civil y la nacionalidad dominicana se han visto envueltos en una vorágine de maledicencia. Contrario a los neo-nacionalistas, no creo que quienes la rechazan sean traidores o anti-dominicanos.

Muchos de ellos son a mi juicio excelentes dominicanos, en algunos casos paradigmas dentro de su oficio. Pero están equivocados. Erran al atacar la sentencia y cuestionar al mejor interés dominicano desde una perspectiva jurídica. Legalmente, la sentencia no crea apátridas ni despoja derechos. Manda a corregir vicios del registro civil y a regularizar una anómala situación fruto de décadas de desidia, corrupción e ineficacia.

La cuestión es que extranjeros –aunque unos pocos dominicanos les ayuden- no deben decidir por nosotros quién puede o debe ser dominicano. Contrario a Haití que desde su fundación inició un proceso involutivo sorprendentemente inacabable, nuestro país, que tanta lucha nos ha dado construir y preservar, posee atributos que bien pudieran servir de ejemplo a muchas otras naciones, como la hospitalidad. Lejos de ser xenófobos podría argumentarse sin mucha dificultad cuán xenófilos somos. Casi todo lo extranjero nos deslumbra. ¿Podría una nación xenófoba ser la mayor potencia turística del Caribe?

La rechifla internacional por el intento dominicano de poner nuestra casa en orden se entiende porque es difícil defender racional o moralmente que pueda durar años y años la “transitoriedad” invocada para justificar el estado ilegal de miles de haitianos residentes irregularmente desde hace décadas en la parte dominicana de la isla.

Los dominicanos, que nos hemos beneficiado mucho de la mano de obra barata de los pobres inmigrantes haitianos, no deberíamos invocar nuestra propia falta, consistente en haberles permitido permanecer ilegalmente aquí, para justificar una sentencia que jurídicamente luce irreprochable.

¿A quien toca más culpa: a los haitianos por quedarse aquí ilegalmente o a la sociedad dominicana por tolerarlos, emplearlos, darles documentos de identidad aún sean falsos, ponerlos a votar espuriamente y a chuparse un tercio del presupuesto oficial de salud pública? Sin la complicidad dominicana la situación de esos miles de haitianos nunca hubiera llegado a su estado actual.

Aún dicho esto, es una infamia compararnos con los nazis, pretender desconocer nuestra soberanía u obligarnos a hacer dominicanos a quienes no lo son. Tenemos razón jurídicamente pero también tenemos una deuda moral con miles de indocumentados, no sólo haitianos sino también dominicanos.