BRASILIA. EFE. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, acuciada por masivas protestas, un escándalo en la estatal Petrobras y una estrepitosa caída de su popularidad, presentó ayer unas nuevas medidas para endurecer el combate a la corrupción y la impunidad. “Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta”, dijo Rousseff, para quien el Estado tiene el deber de “investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva”, incluso para “garantizar la protección de los inocentes».

Por las corruptelas en Petrobras, que salpican también a 18 empresas privadas, están bajo investigación 50 políticos, entre los que figura el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, por supuestas maniobras dirigidas a obtener dinero de la estatal para financiar campañas. Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, va en esa dirección y tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que hoy sólo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas. “Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias”, declaró Rousseff. Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.