El empresario Diógenes Marino Gómez (DIMARGO) dijo ayer que él tiene todo el derecho de tomar posesión de las instalaciones del Hostal Nicolás de Ovando porque los tribunales de justicia han determinado que es el arrendatario legítimo del inmueble que actualmente ocupa una corporación francesa.

«Yo tengo una sentencia en mis manos. Es ilegal lo que están haciendo conmigo. Yo estoy legal. Ellos tienen que llegar a un acuerdo conmigo», dijo para justificar que acudiera al establecimiento para ser posesionado por el alguacil Ruperto de los Santos y varios policías.

Tras sostener que perimió el recurso de casación que la empresa Accor interpuso en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Gómez aseguró que hay que ejecutar la sentencia 717-99 que emitió en el 1999, la Cámara Civil y Comercial de esa corte.

La sentencia le vuelve a otorgar a Empresas Dimargo el arrendamiento del inmueble que está envuelto en una litis desde el año 1987.

Gómez hizo sus declaraciones por la vía telefónica, poco después que una patrulla de la Policía llegó al hostal para arrestar al alguacil y a los agentes que lo acompañaron para entregarle formalmente el inmueble.

El arresto de De los Santos y de los policías se realizó porque la empresa hotelera Accor, actual arrendataria del hostal, puso una querella en la Fiscalía del Distrito Nacional.

La querella, según explicó el abogado de la empresa, Radhamés Cornielle, se interpuso porque Gómez se apersonó al lugar sin contar con la fuerza pública.

Aseguró que Gómez transgredió la seguridad jurídica, al presentarse con una sentencia que, según alega, está plagada de vicios y pendiente de revisión por un recurso de casación que se interpuso ante la Suprema Corte de Justicia.

Cornielle desmintió enfáticamente que la empresa Accor le haya hecho alguna oferta a Empresas Dimargo de US$15 millones, porque según alegó, indemnizarlo es responsabilidad del Estado.

Respecto a la empresa Accor, Cornielle afirmó que la hotelera nunca debió ser incluida en la litis, ya que lo que se estaba determinando en los tribunales, era si a Gómez le correspondía o no ser indemnizado por el Estado.

Tal como indica el contrato que Gómez firmó con la estatal Corporación Hotelera (Corpohotels), Cornielle entiende que lo único que procede es que el Estado le pague a Empresas Dimargo lo que invirtió en el hostal.

En cuanto al inmueble, Cornielle dijo que no puede entregársele a Gómez, porque se trata de un bien del Estado y estos son constitucionalmente inalienables.

[b]POSICION DEL DIRECTOR[/b]

El director general del hostal, Jacques Serpollier, reiteró durante una improvisada rueda de prensa, que la hotelera Accor no tiene ninguna responsabilidad frente a Gómez y que es el Estado dominicano el que tiene una litis con él.

Serpollier explicó que cuando el grupo Accor firmó el contrato de arrendamiento del hostal en el año 1997, se especificó que la empresa quedaría fuera de cualquier controversia que apareciera con relación a los antiguos arrendatarios de la edificación.

Serpollier sostuvo que el grupo Accor se desempeña dentro del marco jurídico dominicano, por lo que siempre ha estado en disposición de cumplir al pie de la letra, las leyes dominicanas.

[b]HABLA CORPHOTELES[/b]

Ayer, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels) declaró que entre Accor y el Estado dominicano existe un contrato legal de arrendamiento del Hostal Nicolás del Ovando y por tanto la cadena hotelera francesa debe mantenerse indemne de toda controversia o litigio con antiguos ocupantes o arrendatarios del establecimiento.

La declaración la hizo el consultor jurídico de Corphotels, Marino Bautista, tras el intento de Empresas Dimargo de ocupar el inmueble amparado en una sentencia judicial.

Bautista declaró que la acción de Dimargo es ilegal, debido a que Corphotels, al igual que Accor, interpuso una demanda en suspensión ante la Suprema Corte de Justicia que impide la ejecución de la referida sentencia, de conformidad con el artículo 12 de la ley de Procedimiento de Casación.

Dijo que el Estado y Corphotels están adoptando las acciones necesarias para mantener y proteger su inmueble.

Agregó que esa entidad estatal le otorga al grupo francés todas las garantías de derecho contenidas en el contrato de arrendamiento suscrito en el año 1997.