BOGOTA (AFP).- La renuncia del comisionado de paz colombiano, no aceptada por el presidente Alvaro Uribe, dejó al descubierto la división y fuerte presión que afronta el gobierno en torno al proceso de paz con los paramilitares, por las penas con que éstos deberán pagar sus crímenes atroces.

   En una decisión sorpresiva que causó revuelo en el país, el consejero de paz, Luis Carlos Restrepo, presentó su dimisión a Uribe, dejando en vilo un proceso, iniciado hace dos años, que busca desarmar antes del 31 de diciembre de 2005 a unos 20.000 paramilitares, 4.500 de los cuales ya entregaron las armas.

   Bajo un total hermetismo, el gobierno conjuró, de momento, la crisis. Tras más de cuatro horas de reunión con Uribe, Restrepo anunció: «He insistido en mi deseo de retirarme, pero él ha sido muy reiterativo en que debo continuar al frente de esta labor y así lo voy a hacer».

   «Consideré correcto que dadas mis discrepancias con el proyecto de Justicia y Paz del gobierno lo adecuado era retirarme del cargo. Tengo serias dudas con el proyecto y sobre su viabilidad para alcanzar la paz», explicó.

   Sus discrepancias tienen nombre y apellido. El ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, presentó el lunes ante el Congreso, en representación del gobierno, el denominado Proyecto de Justicia y Paz, que prevé condenas de entre cinco y diez años para los responsables de crímenes atroces.

   Según Restrepo, la iniciativa es el resultado de una fuerte presión de la comunidad nacional e internacional y busca más el «sometimiento» de los desmovilizados a la justicia que motivar, con penas alternativas -como la libertad condicional-, a los combatientes a que se desarmen.

   «No quiero que el proceso fracase, cuando fracasa se mide en sangre y muertos», subrayó el comisionado, partidario de una visión más política que jurídica del proyecto, al contrario de Pretelt.

   El proyecto presentado por el ministro recoge iniciativas de una propuesta que intentó concertar con el senador Rodrigo Pardo, que se centra más en la exigencia de una confesión «completa y fidedigna» y un resarcimiento efectivo a las víctimas.

   Para Restrepo es indispensable que el proyecto incluya la facultad del presidente de pedir, en aras de la paz, la libertad condicional para los autores de delitos atroces, lo cual ha sido rechazado por ONG y la comunidad internacional, por considerarlo favorable a la impunidad.

   «El comisionado discrepa en el sentido de que la redacción del proyecto dificulta la desmovilización. Yo creo que no. Hay que pulir la redacción, seguir adelante. El proyecto del gobierno tiene el norte fijado por el presidente: equilibrio entre justicia y paz, que no haya impunidad», afirmó Pretelt.

   De hecho existen en el Congreso un total de ocho proyectos sobre el mismo tema, uno del gobierno y siete presentados por parlamentarios, algunos con penas más blandas y otros más severas para los desmovilizados.

   Ante las divergencias, las críticas afloraron y sectores políticos de diversa tenencia pidieron al presidente asumir una sola posición sobre el proyecto, que se discutirá en el Congreso partir de la próxima semana en sesiones extraordinarias.

   «Veo muy confundido al gobierno. El Congreso no está en condiciones de hacer una ley de esa naturaleza y si no hay un acuerdo nacional es mejor no tramitar ninguna norma», opinó el senador izquierdista y ex guerrillero Antonio Navarro.

   «El gobierno nos tendió una trampa, nos mintió a nosotros y la comunidad internacional» al tratar de aparentar que había un consenso en torno al proyecto y al proceso con los paramilitares, señaló el parlamentario Wilson Borja.

   El senador liberal Darío Martínez dijo que el ministro del Interior ha sido «errático y desafortunado» en su proceder, y que por ello debería ser él quien renuncie.

   Mientras, el ex fiscal Alfonso Gómez criticó al comisionado al señalar que si «renunció para quedarse para qué tanto escándalo», al tiempo que responsabilizó a Uribe del caos diciendo: «Y donde esta el piloto?».

   En momentos en que Estados Unidos aumenta su presión por castigos fuertes para los paramilitares, el proyecto es crucial porque de él depende la suerte del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se dicen víctimas del conflicto y hablan de perdón y reconciliación.