M. DARÍO CONTRERAS
El renombrado politólogo francés Maurice Duverger ha sentenciado que «La democracia no está amenazada por el régimen de partidos sino por el financiamiento de éstos». Es un hecho, que ocurre tanto en los países con democracias sólidas y de vieja data como en las democracias latinoamericanas, que el financiamiento de los partidos políticos es un asunto complejo y difícil de manejar, ya que son los propios partidos los que legislan y desde el Ejecutivo tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y los reglamentos vigentes.

Es también una realidad que el hacer política se ha convertido cada día en una actividad más costosa, ya que el uso de los modernos medios de comunicación se ha encarecido y, en países como el nuestro, con una alta proporción de la población pobre, el dinero es un medio para atraer y conquistar a los votantes, incluyendo a los miembros de la oposición.

No es un secreto que el poder del dinero para el financiamiento de los partidos es potencialmente, y de hecho lo es, un elemento corruptor de primer orden. Los que contribuyen con fuertes sumas de dinero es natural que esperen una actitud condescendiente de parte de los políticos que se han beneficiado con sus aportes monetarios. Esto crea una simbiosis que generalmente termina en favores y privilegios que hacen sumamente difícil que nuestras democracias se consoliden y, por el contrario, fomentan la pobreza y la desigualdad. Tal como expresara Enrique Iglesias en 1999, «no es una casualidad que aquellos países de la región con instituciones, cultura y tradición democráticas más arraigadas son los que muestran mejores niveles de vida y mayores grados de integración y cohesión social».

Es bien conocido que la principal fuente de financiamiento de los partidos políticos proviene de las empresas y del sector privado, lo que hace el control financiero sumamente difícil de aplicar. Esta intromisión de lo privado en lo público ha generado una confusión entre estos dos ámbitos, de manera que la noción de lo público no ha existido. Se afirma que el Estado y la vida pública han estado privatizados y, como broma, se dice que en América Latina, para poder privatizar al Estado, primero hay que volverlo público. Así como en economía actúa una «mano invisible», también en la política actúa un «poder invisible», cuyas riendas necesariamente no se encuentran en los centros de poder político formales. En este intercambio de dinero y favores lo único cierto es que la única que sale perdiendo es la democracia.

Con la finalidad de regular la campaña electoral, los actos de propaganda y el uso de los medios de comunicación, la Junta Central Electoral (JCE), haciéndose eco del derroche de dinero y tiempo que se dedica para la escogencia de la boleta presidencial, ha emitido un anteproyecto de reglamento con la finalidad de normar y controlar dichas actividades dentro de límites que garanticen, en la medida de lo posible, campañas respetuosas y que los tiempos y recursos empleados en las campañas, se compadezcan con las condiciones de un país que exhibe una población de pobres que alcanza casi a la mitad de su población. Por supuesto, esta iniciativa ha provocado la reacción inmediata de todos aquellos que, en mayor o menor medida, consideran que sus intereses van a ser afectados, entre los que se encuentran los medios de comunicación y los propios partidos políticos. Por tal motivo, probablemente este anteproyecto sea modificado de tal manera que, a fin de cuentas, resulte inefectivo. Después de todo, la JCE es una especie de club de aquellas organizaciones políticas que pretende regular.