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Transcurrían los años 80 y la ofensiva contra la administración del PRD 1982-86 se articuló alrededor de un discurso de combate a la corrupción administrativa y poner el rumor público a vincular a determinadas figuras del partido blanco al narcotráfico. Se constituyó el comité de la Moralidad Pública como referente ético que, integrado por ciudadanos de reconocida militancia conservadora, destinaron sus esfuerzos a la derrota electoral de un partido que presentaba como competidor de Joaquín Balaguer a un Jacobo Majluta estigmatizado por sus competidores internos, y un PLD que lanzaba gatos en las manifestaciones partidarias.

La coincidencia táctica del balaguerismo con el PLD hizo del discurso moralizante la aspiración ideal de amplios núcleos ciudadanos. Franklin Almeyda lanzó la frase lapidaria de que, el país se dividía entre peledeístas y corruptos. El tiempo, ha sido capaz de poner las cosas en su lugar. No obstante, la manipulación politiquera de temas esenciales para el adecentamiento de la vida pública terminó excluyendo de la lucha contra esos flagelos a un sector partidario que sentía en carne propia los niveles de indecencia en el debate y la vileza contra su líder máximo: José Francisco Peña Gómez.

El problema de las campañas políticas donde se estigmatiza al competidor de recibir recursos del narcotráfico es que, por su naturaleza rastrera, terminan asumiéndose como una herramienta electoral utilizada sin límites. En el caso nuestro, los sectores que sacan ventajas de las vilezas utilizadas contra dirigentes de un determinado litoral desconocían que estaban afilando cuchillo para su propia garganta, porque si en la actual coyuntura se esgrime como un intento de desacreditar a un político, por analogía la intención siempre ha sido la de dañar. Y los peledeístas utilizan a un partido aliado como plataforma de descalificación frente al PRD, y su histórico silencio, constituye un acto de complicidad pernicioso.

Recuerdo las perversidades para reducir a Peña Gómez. Así como entendí que los ataques a Milagros Ortiz, Hipólito Mejía, Hatuey Decamps y Miguel Vargas constituían acciones indecentes e impropias del ejercicio civilizado de la política, debo actuar con la coherencia elemental respecto de la situación por la que atraviesa Leonel Fernández. A los políticos se combate con ideas y en el terreno electoral deben ser derrotados por la fuerza de los votos y no con argumentos bajos. Asimismo, quiero dejar constancia de que, siendo militante del PRD, no me agradan las impugnaciones fundamentadas en la narcotización del debate.

El combate al narcotráfico y la corrupción deben ser banderas asumidas por todos los integrantes de la clase política debido a los niveles de penetración y transformación de los valores esenciales de una sociedad que estimula el dinero fácil y una movilidad social rápida. Como acontece en otras sociedades, el discurso de la clase política no debe estar limitado por el dinero sucio que financia la actividad a cambio de protección. Ahora bien, la falta de comprensión de las sociedades latinoamericanas conduce a que la naturaleza imperial de las grandes naciones quiera recetarnos medidas desajustadas a los esquemas locales. En el pasado reciente, esos desajustes terminaron estructurándose políticamente para cerrarles el paso a figuras como Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Lula da Silva que sintieron cómo las diferencias de enfoque en el orden ideológico y político se revestía de lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Aunque el éxito electoral de ellos prueba la inteligencia de sus pueblos, en el trayecto se dejan heridas e incomprensiones dañinas que establecen las bases de una forma de hacer la política que termina desacreditándonos a todos.