Diplomacia urticante

Federico-Henríquez-Gratereaux

No he tratado a Roberto Rosario Márquez; como todos los dominicanos, he visto su fotografía en los diarios acompañando informaciones sobre la Junta Central Electoral o acerca del programa de regulación de inmigrantes. Durante las pasadas elecciones, como era de esperar, su nombre aparecía en los periódicos todos los días. Las fallas en los procesos de automatización del conteo de votos provocaron agrias polémicas entre los líderes políticos. Recientemente, ha vuelto a aparecer en las noticias con motivo de la cancelación de las visas norteamericanas de sus pasaportes. La forma abrupta y vejatoria con que se realizó la cancelación de esas visas “engendró” abundantes comentarios: políticos, jurídicos, administrativos.

Lo primero que debemos decir es que una cosa es Roberto Rosario Márquez, hijo de su papá y su mamá y otra, muy distinta, es el funcionario público responsable de organizar las elecciones nacionales, de velar por el cumplimiento de las reglas para la expedición de la “cédula de identidad y electoral”. Quitarle la visa a un ciudadano es un acto penoso al que tiene derecho el país que la otorga. Las visas tienen fechas de expiración y pueden no ser renovadas. El beneficiario de la visa podría incumplir normas de migración, violar leyes del país que la emite. En estos casos, la cancelación es un procedimiento normal.
Roberto Rosario es un funcionario del Estado dominicano, obligado a cumplir la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre inmigrantes indocumentados; es claro que también con la Ley 169-14 para fines de regularización de extranjeros residentes en la RD. Hay haitianos con documentos falsificados a los que no debería otorgárseles la nacionalidad dominicana; también existen ciudadanos haitianos con residencia en el país, que no deben tener dificultades civiles por falta de documentación. Todos son problemas de nuestro registro civil.
Me parece que la enconada actitud del embajador de los Estados Unidos es un atropello innecesario a un funcionario del gobierno dominicano. Lo más irritante es que, al no explicar los motivos para suprimir las visas, da lugar a pensar: ¿es un rechazo a la aplicación de la sentencia 168-13 y de la Ley 169-14? ¿Es una injerencia de carácter electoral? En cualquiera de los casos es correcto apoyar a Rosario.